LEY DE ARIZONA ES UN AGRAVIO A LA HUMANIDAD

Por Aída García Naranjo Morales
"Sean tus púas mis alas y mi sangre la herrumbre que te destruya..." (Susana Pérez-Alonso)

La ley SB 1070 promulgada el 23 de abril, por la gobernadora del Estado de Arizona, Jan Brewer, no sólo es anti inmigratoria, discriminatoria y anticonstitucional. Es una afrenta para la humanidad porque viola derechos fundamentales proclamados y ratificados por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Estados Unidos.

Al facultar a los cuerpos policiales de Arizona para que -basados en su apariencia racial y reforzando la cultura de la sospecha y la criminalizació n de la migración- detengan e interroguen a cualquier individuo y lo entreguen a las autoridades migratorias para un posible procesamiento, prisión o deportación en caso de no presentar de inmediato los documentos que hagan constar su estancia legal en Estados Unidos, la norma vulnera el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por EEUU; la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 16 de la Convención de Trabajadores Migrantes, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana de 1948 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminació n Racial, ratificada por Estados Unidos, en octubre de 1994.

"Supone un modelo perturbador de actividad legislativa hostil para las minorías étnicas y los inmigrantes y abre las puertas a que la policía pueda actuar sobre individuos por su origen étnico", dice el pronunciamiento de la ONU.

Sin fronteras

“Perseguir y arrestar trabajadores migrantes que producen riqueza y pagan impuestos es volver sobre soluciones equivocadas, aumenta su nivel de vulnerabilidad y no resuelve la crisis económica global”, señala la red Espacio Sin Fronteras (ESF), en un comunicado en el que expresamos nuestra profunda indignación y preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las personas inmigrantes y sus familias que se pueden derivar de las leyes SB 1070 y HB 2162 en el Estado de Arizona.

Como miembros y activistas de “ESF hacemos un llamado tanto a la Relatoría Especial de la CIDH/OEA sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias como a la Relatoría Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, a aunar esfuerzos y proceder en conjunto para demandar de los Estados Unidos de América la adhesión de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la implementació n de una reforma migratoria comprehensiva e integral”, prosigue el documento suscrito por los nueve países de América del Sur que integran la red.

De otro lado formulamos nuestro apoyo y solidaridad “con las/los migrantes, sus familias y las organizaciones sociales de Estados Unidos que se movilizan contra esta Ley y sus exigencias a las autoridades de ese país para que derogue las leyes SB 1070 y HB 2162, aprobadas en el Estado de Arizona y, en su lugar, adopte, en el menor tiempo posible, una ley federal sobre inmigración, en concordancia con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.

Repudio internacional

La Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), repudió la ley aprobada por el estado de Arizona de Estados Unidos (EEUU) porque criminaliza a los inmigrantes y puede legitimar actitudes racistas.

Los presidentes reunidos en Argentina rechazaron la normativa que permite “detener a las personas de manera discrecional por consideraciones raciales, étnicas, fenotipo, lenguaje y estatus migratorio, mediante el concepto cuestionable de duda razonable”.
El texto conclusivo, aprobado por consenso, argumenta que el instrumento legal podría acarrear “la legitimación de las actitudes racistas en la sociedad de destino y el riesgo latente de violencia por odio racial con lamentables episodios, de los que ya han sido víctimas ciudadanos suramericanos”.

La VI Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe celebrada en Madrid y en la que participaron jefes de Estado y de gobierno de 60 países, concluyó ignorando la ley Arizona, aunque muchos mandatarios como la argentina Cristina Fernández de Kirchner y el boliviano Evo Morales insistieron en la necesidad de que no se cierren las puertas a los inmigrantes y se respeten sus derechos, el documento final no menciona la ley Arizona por la oposición de algunos países europeos, como Gran Bretaña.

“Es absolutamente inaceptable una ley migratoria como la de Arizona o la Directiva del Retorno de la Unión Europea”, expresó el presidente Evo Morales, haciendo hincapié en la existencia de una deuda con los migrantes forzados por el cambio climático, “que ya suman 50 millones en el mundo y que pueden alcanzar para el 2050 la cifra de 200 a 1.000 millones de personas. Para honrar esta deuda los países desarrollados, causantes del cambio climático, tienen que abrir sus fronteras para recibir a los migrantes afectados”, manifestó el mandatario boliviano al condenar la llamada Ley Arizona, que criminaliza a los extranjeros en esa región sureña de Estados Unidos y recordó que los pueblos de América Latina y el Caribe durante muchos siglos y sin ninguna norma recibieron a los europeos. “Ahora que hay problemas económicos y migrantes forzados por cambios climáticos, no se puede expulsarlos de ningún continente”, añadió

El jefe de estado venezolano Hugo Chávez, consideró de "mayor importancia" la "condena unánime a la ley que criminaliza a los inmigrantes y promueve el racismo: un real y verdadero atentado contra los derechos humanos".

"Vemos con mucha preocupación en América Latina el trato discriminatorio que se está dando en distintos países, sobre todo los más desarrollados, acerca de la inmigración", dijo Cristina Kirchner en su discurso durante la apertura de la cumbre birregional celebrada celebra en Madrid. "Hay que evitar conductas y sanciones de leyes discriminatorias contra la inmigración", agregó la presidenta argentina ante sus homólogos de la Unión Europea (UE) y América Latina y Caribe.

Una ley idiota

La jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton, también se sumó a las críticas la ley que criminaliza a los indocumentados en Arizona e indicó que invita a cuestionar a las personas en función de su raza. “Está redactada de forma tan amplia que si uno decidiese visitar Arizona y tuviese acento (extranjero) y fuese ciudadano de mi estado, Nueva York, podría ser sometido al tipo de interrogatorio que esta ley permite”, afirmó Clinton. Dijo, por otro lado, que no tiene “ninguna duda” de que la ley propicia que se cuestione a las personas en función de su raza o apariencia física.

El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, calificó a la ley de Arizona como "un insulto a la dignidad humana".

El boicot declarado por organizaciones hispanas, algunas empresas y ciudades de EE UU, en rechazo a la Ley de Inmigración ha provocado pérdidas de US$ 100 millones. Al respecto, el escritor mexicano Carlos Fuentes, dijo que la ley que criminaliza a los migrantes indocumentados en Arizona “es una estupidez, una barbaridad, es una ley idiota”, pero confió en que la Corte Suprema estadounidense “la va a tumbar” cuando la examine.

“Esta es la más peligrosa y extrema ley de inmigración promulgada hasta ahora”, manifestó Lucas Guttentag, representante de la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), organización que ha interpuesto una demanda legal contra la Ley SB 1070.

La demanda –la quinta presentada hasta el momento- argumenta que la ley interfiere de manera ilegal con el poder y la autoridad federales sobre asuntos de inmigración, en violación a la Cláusula Suprema de la Constitución, viola la garantía de protección igualitaria al invitar al perfil racial, y quebranta la prohibición de búsquedas o inspecciones irrazonables de parte de policías, garantizada bajo la Cuarta y Decimocuarta Enmiendas Constitucionales.

No más muros

Cuando en 1989, el mundo festejó la caída del Muro de Berlín, imaginamos que sería el principio del fin de las murallas que separan a las personas. Sin embargo, hoy en el 2010, hay 20 muros físicos y otros tantos invisibles que debieran ser derribados. En vez de ello Arizona, construye otro.

Muros de la intolerancia, discriminació n y xenofobia como el de “La Tortilla” (EE.UU.), tres mil kilómetros de concreto que ha cobrado 5,600 vidas de personas que intentaban cruzarlo; la Valla de Ceuta en España, más de ocho kilómetros de alambrado en Ceuta y doce en Melilla, con barreras de hasta seis metros, cámaras infrarrojas, difusores de gases lacrimógenos, cables trenzados y piquetes de uno a tres metros de altura a su alrededor: 4,000 personas han muerto ahogadas al tratar de cruzar el Estrecho de Gibraltar.

En el Sahara Occidental, 2.720 km. de campos minados convierten a Marruecos en una nación sitiada pero, el peor de todos, construido por el gobierno Israelí, deja a 360.000 palestinos desconectados de su pueblo y rodeados por un muro de 181 kilómetros, flanqueados por carreteras del apartheid (por las que sólo pueden circular vehículos con matrícula israelí) y según Julián Saada, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se estima en 178.000 millones de dólares, el costo de asegurar las fronteras, de aquí al 2015.

Alguien debería explicarle a los gobernantes de los países ricos, que la seguridad no se consigue con cemento ni alambrados sino con equidad, tolerancia, respeto, puentes y caminos. Los muros construyen odios y conflictos.

Muros de papel

España se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aplicar la polémica “ley del retorno” que establece 18 meses de detención para un extranjero sin papeles, a cuyo término, culminado el proceso judicial, el detenido es deportado.

El cumplimiento de las leyes de inmigración se ha intensificado drásticamente en los últimos cinco años, incrementando las medidas de seguridad en las fronteras y también las deportaciones. En el último lustro, el número de deportaciones en Estados Unidos aumentó en 60 por ciento. En 2007, fueron deportadas 320.000 personas, de las cuales 96 por ciento provenían de América Latina y el Caribe. La proporción de personas deportadas por acusaciones o sentencias judiciales varió por región. En el 2008, la cifra de deportaciones se elevó a 359.000. América Central registra el mayor incremento en la tasa y número de deportaciones.

El vicepresidente del Parlamento Andino, Wilbert Bendezú, advierte que a partir de julio próximo, unos 200 mil peruanos podrían ser expulsados de la Unión Europea. Peruanos que se sumarán a los 80 mil 427 que retornaron a nuestro país en los últimos tres años, tras radicar cinco años en el extranjero, donde dejaron el fruto de su trabajo y propiedades en muchos casos. Según cifras del INEI, entre Enero y Junio del 2009, retornaron 33,701 peruanos del exterior.