Chile y Perú en el Tribunal de los Pueblos

El 14 y 15 de mayo, en paralelo a la cumbre de los jefes de gobierno de América Latina y el Caribe con los de la Unión Europea se reunió el Tribunal Permanente de los Pueblos para examinar los delitos que cometen las transnacionales europeas en nuestro continente

Antes se creía que había un "imperialismo malo" (el norteamericano) y uno bueno (el europeo) pero a partir de que el neoliberalismo reina también en Europa ahora todos actuan contra los trabajadores y la naturaleza.

Chile fue mencionado en el fallo del Tribunal entre las medidas preventivas. Vale decir, todavía podemos evitar la desgracia. La propuesta del Tribunal dice a la letra:

EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS PROPONE:
La suspensión de grandes proyectos y megaproyectos como el de Endesa/ENEL en la Patagonia chilena, el medio ambiente o el de la represa en el río Sogamoso en Colombia, impulsada por la empresa Impregilo, el proyecto de las minas de carbón impulsadas por Unión Fenosa/Gas Natural en Guatemala, la planta de acero impulsada por Thyssen-Krupp en Río de Janeiro, Brasil, o la
ampliación de la mina de carbón a cielo abierto ubicada en la Guajira, Colombia, impulsada por Carbones del Cerrejón, BHP Billington, Anglo-Americany Xtrata, porque van a tener impactos negativos enormes sobre la vida de las personas y el medio ambiente, sin contrapartidas significativas para el desarrollo de las comunidades afectadas.

En cuanto al Perú reproducimos abajo un artículo de Daniel Mathews

¿Cuánto vale la vida?

En el Tribunal Permanente de los Pueblos reunido en Madrid el 14 y 15 de Mayo se presentaron los Deudos de Tauccamarca a denunciar que el Séptimo Juzgado Civil, estaría por declarar improcedente la demanda planteada por la muerte de 24 niños contra la empresa Bayer propietaria del plaguicida Parathion encontrado en un sustituto lacteo repartido por el programa del “vaso de leche”, solamente por razones de carácter procesal

El 22 de Octubre de 1999, en la Comunidad Campesina de Tauccamarca, en el Distrito de Cai Cay, Provincia de Paucartambo, Cuzco, murieron 24 niños y se intoxicaron otros 50, todos alumnos de un centro educativo estatal luego de haber ingerido un plaguicida de la empresa Bayer. Se trata del organofosforado ‘Parathion’ mezclado con un sustituto lácteo repartido por programas de apoyo alimentario del gobierno peruano. De aquella fecha han pasado más de diez años sin que los deudos de Tauccamarca hayan logrado alcanzar justicia. De igual manera en 2003 en la comunidad de Huallhualoc, en el distrito de Andarapa – Andahuaylas murieron 6 personas entre ellos 4 niños por el mismo plaguicida conocido como Parathion, el cual está prohibido desde el 2000.

En Octubre del 2001 se puso una demanda en la vía civil en el Séptimo Juzgado de Lima contra la empresa Bayer productora del plaguicida. Así como los Ministros de Agricultura y de Salud, a la fecha del Juez de dicho Juzgado no había declarado aun procedente la demanda por razones de carácter procesal, ni mucho menos sancionar a los representantes de esta tragedia. En el Congreso de Perú se formo una subcomisión para investigar el caso de Tauccarmarca. La Sub Comisión del Congreso de la República de Perú, constituida en la Comisión Agraria, presentó su Informe Final con fecha 27 de Junio del 2002 que fue aprobado por unanimidad por dicha Comisión. El informe establece responsabilidades de carácter administrativo e indicios de responsabilidad penal en las autoridades; asimismo se señala indicios de responsabilidad penal en la Empresa Bayer. El informe también recomendó que las instituciones y empresas responsables indemnicen a los deudos de los niños fallecidos.

El 21 del Octubre 2003 los familiares de los niños de Tauccamarca exigieron entre otros demandas la sanción de la empresa Bayer por no haber retirado del mercado el Parathion a pesar que este producto ya estaba prohibido. Estas denuncias públicas se han repetido reiteradamente pero no han sido atendidas por las autoridades.

Seria injusto que la justicia peruana pretenda esconder a los responsables directos e indirectos de la muerte de los niños, solamente por formalidades procesales, sin analizar el fondo del caso, de escuchar a los deudos y sancionar a los responsables de la tragedia. Sería un error cerrar la puerta del sistema jurídico peruano a los deudos marginados por su condición indígena y pobres.