El 14 y 15 de mayo, en paralelo a la cumbre de los jefes de gobierno de América Latina y el Caribe con los de la Unión Europea se reunió el Tribunal Permanente de los Pueblos para examinar los delitos que cometen las transnacionales europeas en nuestro continente
Antes se creía que había un "imperialismo malo" (el norteamericano) y uno bueno (el europeo) pero a partir de que el neoliberalismo reina también en Europa ahora todos actuan contra los trabajadores y la naturaleza.
Chile fue mencionado en el fallo del Tribunal entre las medidas preventivas. Vale decir, todavía podemos evitar la desgracia. La propuesta del Tribunal dice a la letra:
EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS PROPONE:
La suspensión de grandes proyectos y megaproyectos como el de Endesa/ENEL en la Patagonia chilena, el medio ambiente o el de la represa en el río Sogamoso en Colombia, impulsada por la empresa Impregilo, el proyecto de las minas de carbón impulsadas por Unión Fenosa/Gas Natural en Guatemala, la planta de acero impulsada por Thyssen-Krupp en Río de Janeiro, Brasil, o la
ampliación de la mina de carbón a cielo abierto ubicada en la Guajira, Colombia, impulsada por Carbones del Cerrejón, BHP Billington, Anglo-Americany Xtrata, porque van a tener impactos negativos enormes sobre la vida de las personas y el medio ambiente, sin contrapartidas significativas para el desarrollo de las comunidades afectadas.
En cuanto al Perú reproducimos abajo un artículo de Daniel Mathews
¿Cuánto vale la vida?
En el Tribunal Permanente de los Pueblos reunido en Madrid el 14 y 15 de Mayo se presentaron los Deudos de Tauccamarca a denunciar que el Séptimo Juzgado Civil, estaría por declarar improcedente la demanda planteada por la muerte de 24 niños contra la empresa Bayer propietaria del plaguicida Parathion encontrado en un sustituto lacteo repartido por el programa del “vaso de leche”, solamente por razones de carácter procesal
El 22 de Octubre de 1999, en la Comunidad Campesina de Tauccamarca, en el Distrito de Cai Cay, Provincia de Paucartambo, Cuzco, murieron 24 niños y se intoxicaron otros 50, todos alumnos de un centro educativo estatal luego de haber ingerido un plaguicida de la empresa Bayer. Se trata del organofosforado ‘Parathion’ mezclado con un sustituto lácteo repartido por programas de apoyo alimentario del gobierno peruano. De aquella fecha han pasado más de diez años sin que los deudos de Tauccamarca hayan logrado alcanzar justicia. De igual manera en 2003 en la comunidad de Huallhualoc, en el distrito de Andarapa – Andahuaylas murieron 6 personas entre ellos 4 niños por el mismo plaguicida conocido como Parathion, el cual está prohibido desde el 2000.
En Octubre del 2001 se puso una demanda en la vía civil en el Séptimo Juzgado de Lima contra la empresa Bayer productora del plaguicida. Así como los Ministros de Agricultura y de Salud, a la fecha del Juez de dicho Juzgado no había declarado aun procedente la demanda por razones de carácter procesal, ni mucho menos sancionar a los representantes de esta tragedia. En el Congreso de Perú se formo una subcomisión para investigar el caso de Tauccarmarca. La Sub Comisión del Congreso de la República de Perú, constituida en la Comisión Agraria, presentó su Informe Final con fecha 27 de Junio del 2002 que fue aprobado por unanimidad por dicha Comisión. El informe establece responsabilidades de carácter administrativo e indicios de responsabilidad penal en las autoridades; asimismo se señala indicios de responsabilidad penal en la Empresa Bayer. El informe también recomendó que las instituciones y empresas responsables indemnicen a los deudos de los niños fallecidos.
El 21 del Octubre 2003 los familiares de los niños de Tauccamarca exigieron entre otros demandas la sanción de la empresa Bayer por no haber retirado del mercado el Parathion a pesar que este producto ya estaba prohibido. Estas denuncias públicas se han repetido reiteradamente pero no han sido atendidas por las autoridades.
Seria injusto que la justicia peruana pretenda esconder a los responsables directos e indirectos de la muerte de los niños, solamente por formalidades procesales, sin analizar el fondo del caso, de escuchar a los deudos y sancionar a los responsables de la tragedia. Sería un error cerrar la puerta del sistema jurídico peruano a los deudos marginados por su condición indígena y pobres.
jueves, 27 de mayo de 2010
martes, 25 de mayo de 2010
Fujimori y la deuda ilegal
Daniel Mathews
Un caso típico de deuda ilegal fue revelado por la Comisión de investigación sobre la deuda externa del Congreso peruano que efectuó sus trabajos en el período legislativo 2001-2002, bajo la presidencia del congresista Rafael Valencia Dongo. Esta comisión tuvo como mandato la investigación de la Deuda Pública Externa peruana entre 1990-2000. Las técnicas utilizadas para la investigación fueron la indagación, recolección y análisis de pruebas documentales (contratos, leyes, decretos actas etc..), declaraciones testimoniales de funcionarios y particulares. Tras las investigaciones efectuadas, la comisión descubrió la existencia de indicios serios de manejos ilegales y fraudulentos del endeudamiento externo bajo Jorge Camet entonces ministro de Economía.
Por ejemplo, en un caso, la ilegalidad resultó del hecho de que dicho ministro autorizó ilegalmente el endeudamiento externo del Estado peruano con una empresa privada peruana por un monto aproximativo de más de 7.2 millones de dólares. Según lo que reveló la investigación parlamentaria, dicha empresa tiene la personería legal peruana según consta en los registros públicos nacionales y por tanto empresa peruana. Según la ley peruana sobre endeudamiento externo, está prohibido contraer deuda externa ante compañías nacionales incluyendo las sucursales que no poseen personería jurídica. A pesar de este impedimento legal, algunos días antes de concretarse la operación dicha empresa abrió una sucursal en Panamá. Aun así, el Ministro de economía autorizó la operación financiera.
De la misma manera, el mismo Ministro por medio de decretos secretos de urgencia, autorizó la gestión de dicha operación de endeudamiento externo en dos días, mientras que normalmente el período para concretar un endeudamiento externo requiere de cinco a ocho meses. Aprovechándose de la situación de conflicto con Ecuador en 1995, para justificar la urgencia del acto, el Ministro en cuestión adoptó el Decreto Supremo secreto 184-94-EF por el cual se autorizaba a la empresa peruana Mobetek Representaciones S.A., entre otras operaciones, a proveer repuestos de helicópteros y de camiones al Ejército por un monto aproximado de 7.2 millones de dólares.
Además, las investigaciones de la comisión pudieron también comprobar que todo el proceso del endeudamiento externo peruano estaba manejado por un reducido círculo de personas. Este círculo actuó bajo la dirección del Ministro de Economía quien personalmente se encargaba de dirigir todo el proceso con el concurso de sus asesores, por medio de decretos secretos. Más grave aún, según la misma investigación, el dinero destinado para la operación de compra de repuestos fue destinado a fines de corrupción. Los antecedentes del caso fueron remitidos a la Fiscalía general de la Nación para que tome las acciones pertinentes para salvaguardar el interés público, estableciendo para los responsables sanciones tanto penales como civiles En el caso particular mencionado podemos encontrar la conjunción de deuda ilegal en el orden interno en relación con la deuda odiosa en el orden internacional.
En el transcurso del trabajo de la Comisión de investigación, los expertos pudieron constatar que los desembolsos financieros realizados por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se intensificaron y coincidieron con períodos preelectorales o electorales. Esto significaría que Fujimori financió su reelección con dinero prestado que pasó luego a formar parte de la deuda externa peruana. Según Oscar Ugarteche, responsable técnico de la Comisión de investigación de delitos económicos del Congreso peruano, “... los organismos multilaterales prestaron porque estaban convencidos de que el dictador era «su hombre» y que pondría en marcha las reformas económicas que esas instituciones patrocinan...”. Nos confrontamos aquí con varias figuras que están ligadas: la ilegalidad de la deuda, la figura de deuda odiosa y la de su ilegitimidad.
Esta constatación hecha luz sobre la acción nefasta y el comportamiento ilegal de las instituciones citadas. Señalemos que independientemente del hecho de que sabían o no sabían el destino que se dio a los fondos, esas instituciones tienen dos obligaciones impuestas por el derecho internacional. La primera es que las instituciones como sujetos de derecho internacional tienen a su cargo la obligación de prevención, regla consuetudinaria. Que esta obligación figure o no en sus estatutos no tiene incidencia alguna sobre la obligación internacional. En segundo lugar, no hay dudas que durante el gobierno de Fujimori, desde el aparato del Estado de planificó y se ordenó la ejecución de crímenes contra la humanidad. En este sentido también, todos los sujetos de derecho internacional están obligados a respetar y a hacer respetar los derechos humanos.
Si los responsables de esas instituciones otorgaron préstamos a un gobierno criminal, se vuelven penalmente cómplices, según el derecho penal internacional, de esos crímenes. Por el apoyo financiero otorgado, contribuyeron en forma decisiva a que el régimen continúe en el poder y que por ese medio, aplique una política de violación especialmente grave de los derechos humanos. Por ambas vías, las reclamaciones de la obligación de reparación, otra regla consuetudinaria del derecho internacional, está abierta a los ciudadanos. Esto es todavía más cierto si tenemos en cuenta que instituciones públicas internacionales deben ajustar su conducta a sus estatutos y a las normas vigentes en materia de protección de derechos humanos, tales las normas llamadas imperativas
A pesar de estas revelaciones, el gobierno continúa pagando la deuda externa contraída por Fujimori, deuda que a todas luces es odiosa, ilegítima y nula. Sobre la base de la investigación parlamentaria, el gobierno hubiera podido legalmente decidir, a. decretar legalmente una moratoria o suspensión del pago de la deuda externa o su nulidad y b. reclamar judicialmente reparaciones a las instituciones internacionales. c. reclamar a las instituciones y firmas privadas las reparaciones adecuadas, prontas e inmediatas, fundado en el derecho internacional. d. entablar acciones legales en vistas de procesar penalmente a los responsables de esas instituciones por complicidad en crímenes contra la humanidad.
Un caso típico de deuda ilegal fue revelado por la Comisión de investigación sobre la deuda externa del Congreso peruano que efectuó sus trabajos en el período legislativo 2001-2002, bajo la presidencia del congresista Rafael Valencia Dongo. Esta comisión tuvo como mandato la investigación de la Deuda Pública Externa peruana entre 1990-2000. Las técnicas utilizadas para la investigación fueron la indagación, recolección y análisis de pruebas documentales (contratos, leyes, decretos actas etc..), declaraciones testimoniales de funcionarios y particulares. Tras las investigaciones efectuadas, la comisión descubrió la existencia de indicios serios de manejos ilegales y fraudulentos del endeudamiento externo bajo Jorge Camet entonces ministro de Economía.
Por ejemplo, en un caso, la ilegalidad resultó del hecho de que dicho ministro autorizó ilegalmente el endeudamiento externo del Estado peruano con una empresa privada peruana por un monto aproximativo de más de 7.2 millones de dólares. Según lo que reveló la investigación parlamentaria, dicha empresa tiene la personería legal peruana según consta en los registros públicos nacionales y por tanto empresa peruana. Según la ley peruana sobre endeudamiento externo, está prohibido contraer deuda externa ante compañías nacionales incluyendo las sucursales que no poseen personería jurídica. A pesar de este impedimento legal, algunos días antes de concretarse la operación dicha empresa abrió una sucursal en Panamá. Aun así, el Ministro de economía autorizó la operación financiera.
De la misma manera, el mismo Ministro por medio de decretos secretos de urgencia, autorizó la gestión de dicha operación de endeudamiento externo en dos días, mientras que normalmente el período para concretar un endeudamiento externo requiere de cinco a ocho meses. Aprovechándose de la situación de conflicto con Ecuador en 1995, para justificar la urgencia del acto, el Ministro en cuestión adoptó el Decreto Supremo secreto 184-94-EF por el cual se autorizaba a la empresa peruana Mobetek Representaciones S.A., entre otras operaciones, a proveer repuestos de helicópteros y de camiones al Ejército por un monto aproximado de 7.2 millones de dólares.
Además, las investigaciones de la comisión pudieron también comprobar que todo el proceso del endeudamiento externo peruano estaba manejado por un reducido círculo de personas. Este círculo actuó bajo la dirección del Ministro de Economía quien personalmente se encargaba de dirigir todo el proceso con el concurso de sus asesores, por medio de decretos secretos. Más grave aún, según la misma investigación, el dinero destinado para la operación de compra de repuestos fue destinado a fines de corrupción. Los antecedentes del caso fueron remitidos a la Fiscalía general de la Nación para que tome las acciones pertinentes para salvaguardar el interés público, estableciendo para los responsables sanciones tanto penales como civiles En el caso particular mencionado podemos encontrar la conjunción de deuda ilegal en el orden interno en relación con la deuda odiosa en el orden internacional.
En el transcurso del trabajo de la Comisión de investigación, los expertos pudieron constatar que los desembolsos financieros realizados por el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se intensificaron y coincidieron con períodos preelectorales o electorales. Esto significaría que Fujimori financió su reelección con dinero prestado que pasó luego a formar parte de la deuda externa peruana. Según Oscar Ugarteche, responsable técnico de la Comisión de investigación de delitos económicos del Congreso peruano, “... los organismos multilaterales prestaron porque estaban convencidos de que el dictador era «su hombre» y que pondría en marcha las reformas económicas que esas instituciones patrocinan...”. Nos confrontamos aquí con varias figuras que están ligadas: la ilegalidad de la deuda, la figura de deuda odiosa y la de su ilegitimidad.
Esta constatación hecha luz sobre la acción nefasta y el comportamiento ilegal de las instituciones citadas. Señalemos que independientemente del hecho de que sabían o no sabían el destino que se dio a los fondos, esas instituciones tienen dos obligaciones impuestas por el derecho internacional. La primera es que las instituciones como sujetos de derecho internacional tienen a su cargo la obligación de prevención, regla consuetudinaria. Que esta obligación figure o no en sus estatutos no tiene incidencia alguna sobre la obligación internacional. En segundo lugar, no hay dudas que durante el gobierno de Fujimori, desde el aparato del Estado de planificó y se ordenó la ejecución de crímenes contra la humanidad. En este sentido también, todos los sujetos de derecho internacional están obligados a respetar y a hacer respetar los derechos humanos.
Si los responsables de esas instituciones otorgaron préstamos a un gobierno criminal, se vuelven penalmente cómplices, según el derecho penal internacional, de esos crímenes. Por el apoyo financiero otorgado, contribuyeron en forma decisiva a que el régimen continúe en el poder y que por ese medio, aplique una política de violación especialmente grave de los derechos humanos. Por ambas vías, las reclamaciones de la obligación de reparación, otra regla consuetudinaria del derecho internacional, está abierta a los ciudadanos. Esto es todavía más cierto si tenemos en cuenta que instituciones públicas internacionales deben ajustar su conducta a sus estatutos y a las normas vigentes en materia de protección de derechos humanos, tales las normas llamadas imperativas
A pesar de estas revelaciones, el gobierno continúa pagando la deuda externa contraída por Fujimori, deuda que a todas luces es odiosa, ilegítima y nula. Sobre la base de la investigación parlamentaria, el gobierno hubiera podido legalmente decidir, a. decretar legalmente una moratoria o suspensión del pago de la deuda externa o su nulidad y b. reclamar judicialmente reparaciones a las instituciones internacionales. c. reclamar a las instituciones y firmas privadas las reparaciones adecuadas, prontas e inmediatas, fundado en el derecho internacional. d. entablar acciones legales en vistas de procesar penalmente a los responsables de esas instituciones por complicidad en crímenes contra la humanidad.
lunes, 24 de mayo de 2010
TRIBUNAL INTERNACIONAL INVESTIGARÁ CASO ARIZONA
México, Distrito Federal: 29 DE MAYO DE 2010 - DIA DE ACCION MUNDIAL CONTRA LA LEY SB 1070 DE ARIZONA. En solidaridad con los miles de migrantes que saldrán a las calles por todo Estados Unidos y en particular se concentrarán en Phoenix, Arizona, CONVOCAMOS y solicitamos su presencia frente a la Embajada de los Estados Unidos el día 29 de Mayo a las 12 del mediodía para protestar contra las medidas ilegales, discriminatorias y racistas que el estado de Arizona encabeza en contra de los trabajadores migrantes latinos y en particular en contra de los trabajadores mexicanos y sus familias.
Esta manifestación forma parte de los trabajos del primer
“Tribunal Internacional de Conciencia”
Que tiene como propósito investigar, documentar, y darle seguimiento a violaciones de los derechos y dignidad de migrantes, refugiado/as y desplazado/as en todo el mundo. El Tribunal ha iniciado su indagación de las implicaciones de la aprobación de la ley SB 1070, que legaliza el racismo y la xenofobia, además de las otras medidas y disposiciones que en cascada frenética, los que mandan en Arizona, han desatado y que han pasado casi inadvertidas:
En abril 22, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció un “Programa de Reforzamiento de Seguridad Fronteriza”, que prevé más recursos a fuerzas policiales y un aumento de las misiones aéreas en la línea divisoria con México. El plan ordena a la Guardia Nacional de Arizona aumentar el patrullaje aéreo y sus misiones de reconocimiento en la frontera y también incluye la expansión de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Narco Terrorismo (JCNTF, en inglés). La Guardia Nacional de Arizona deberá crear “capacidades de vigilancia terrestre adicionales” con personal extra para aumentar unas 150 “misiones” adicionales por año. Añadió que ha solicitado al gobierno federal el envío de otros cuatro helicópteros a Arizona para realizar este tipo de misiones que serán siempre coordinadas con las corporaciones civiles de seguridad y con la Patrulla Fronteriza.
2010 - El 23 de abril, la gobernadora del estado de Arizona convirtio en Ley la Proposicion Senatorial
En abril 23, la gobernadora firmó la Proposición Senatorial 1070 (SB 1070), "Acta de apoyo a las Fuerzas Policíacas y Vecindarios Seguros”, que tiene como objetivo “… desalentar e impedir la ilegal entrada y presencia de extranjeros, así como la actividad económica por personas ilegalmente presentes en los Estados Unidos.” en la que se tipifica como delito el que una persona no tenga los documentos migratorios apropiados. Requiere que los policías, si “tienen una sospecha razonable” que alguien es un inmigrante ilegal, determinen con certeza su status migratorio. Aquellos individuos que no puedan producir los documentos que indiquen que tienen permiso de estar en los Estados Unidos, pueden ser arrestados, encarcelados y multados.
El 11 de mayo, se aprobó la Proposición HB 3381, que prohíbe los programas escolares “diseñados para alumnos de un grupo étnico en particular”. Esta disposición prohíbe cursos que promuevan la solidaridad étnica, que sean diseñados principalmente para estudiantes de una raza en particular o que promuevan resentimiento hacia algún grupo étnico determinado.
El lenguaje de la ley lleva dedicatoria expresa para eliminar los programas de estudios Chicanos o México-americanos del Distrito Escolar de Tucson en el que se ofrecen cursos en estudios afroamericanos, méxico-americanos, y de los pueblos originarios, que enseñan historia, y literatura e incluyen información acerca de la influencia de un grupo étnico particular. El 56% de los estudiantes del distrito son latinos, alrededor de 31,000.
Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, se pronunciaron en contra de la ley. A decir de estos expertos “una ley y una actitud como esas casan mal con la responsabilidad del Estado de respetar el derecho de cada uno a acceder a su propia herencia cultural y lingüística”.
Estas acciones superan con mucho las intentadas por el gobernador Pete Wilson de California con su promoción de la tristemente célebre Proposición 187 en 1994. En Arizona más de 400,000 personas de origen mexicano y latinoamericano serán las receptoras del acoso y de las “medidas de control”, que reproducen los peores elementos del apartheid sudafricano e israelí, y transforman cualquier persona "sospechosa" de ser migrante indocumentado en blanco de persecución policial.
El Tribunal investigará las implicaciones de la nueva ley estatal dentro del marco de las responsabilidades de autoridades estadounidenses, mexicanas, y de otros países involucrados de tránsito y origen en asegurar el respeto de los mínimos establecidos por la normatividad internacional y nacional pertinente, y a la luz de los imperativos éticos que fundamentan la insistencia en los movimientos de base de migrantes en todo el mundo a favor del reconocimiento de su derecho a migrar, a no migrar, a no ser desplazado/as forzosamente, y a ejercer estos derechos sin discriminación y sin ser víctimas de violencia estatal, estructural y sistémica. El tribunal concluirá sus trabajos, entre el 4 y 6 de Noviembre, como parte del foro alternativo al IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo organizado por el estado mexicano y la Fundación BBVA Bancomer, que carecen de la legitimidad necesaria para realizar este evento.
Esperamos contar con su presencia frente a la Embajada de los EEUU
el día 29 de mayo a las 12 del mediodía
NO a las medidas ilegales, discriminatorias y racistas del estado de Arizona contra los trabajadores migrantes latino-mexicanos y sus familias.
* NINGUN SER HUMANO ES ILEGAL *
* NO LEGALIZACION, NO REELECCION *
* PAPELES PARA TODOS *
Para comunicarse: tribunalmigrante@gmail.com, www.tribunalmigrante.saltoscuanticos.org
Convocan entre otros: Elvira Arellano, Familia Latina Unida Sin Fronteras; Marta Sánchez Soler, José Jacques y Medina, Movimiento Migrante Mesoamericano; Camilo Pérez Bustillo, MIREDES Internacional; Enrique González Ruiz, Amarela Varela, Marylena Bustamante, UACM; José Antonio Foronda, Precademac A.C.; Manuel Fuentes Muñiz, Oscar Alzaga, Adriana Jiménez Moles, ANAD; Jóvenes en Resistencia Alternativa (JRA); Asamblea de Migrantes Indígenas del DF; Epifanio Díaz Sarabia, Movimiento Indígena Alternativo; en nombre del Comité Promotor Internacional del Foro Alternativo de los Pueblos en Movimiento; Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio, Gilberto Lopez y Rivas, Ángel Guerra: capítulo mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad; En Arizona y California: National Day Labor Organizing Network (NDLON), Puente, Tonatierra-Nahuacalli, Hitec Aztec Communications/4 Rumbos-4 Colores/Fuerza Mundial; y la Coalicion de Derechos Humanos.
Esta manifestación forma parte de los trabajos del primer
“Tribunal Internacional de Conciencia”
Que tiene como propósito investigar, documentar, y darle seguimiento a violaciones de los derechos y dignidad de migrantes, refugiado/as y desplazado/as en todo el mundo. El Tribunal ha iniciado su indagación de las implicaciones de la aprobación de la ley SB 1070, que legaliza el racismo y la xenofobia, además de las otras medidas y disposiciones que en cascada frenética, los que mandan en Arizona, han desatado y que han pasado casi inadvertidas:
En abril 22, la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, anunció un “Programa de Reforzamiento de Seguridad Fronteriza”, que prevé más recursos a fuerzas policiales y un aumento de las misiones aéreas en la línea divisoria con México. El plan ordena a la Guardia Nacional de Arizona aumentar el patrullaje aéreo y sus misiones de reconocimiento en la frontera y también incluye la expansión de la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Narco Terrorismo (JCNTF, en inglés). La Guardia Nacional de Arizona deberá crear “capacidades de vigilancia terrestre adicionales” con personal extra para aumentar unas 150 “misiones” adicionales por año. Añadió que ha solicitado al gobierno federal el envío de otros cuatro helicópteros a Arizona para realizar este tipo de misiones que serán siempre coordinadas con las corporaciones civiles de seguridad y con la Patrulla Fronteriza.
2010 - El 23 de abril, la gobernadora del estado de Arizona convirtio en Ley la Proposicion Senatorial
En abril 23, la gobernadora firmó la Proposición Senatorial 1070 (SB 1070), "Acta de apoyo a las Fuerzas Policíacas y Vecindarios Seguros”, que tiene como objetivo “… desalentar e impedir la ilegal entrada y presencia de extranjeros, así como la actividad económica por personas ilegalmente presentes en los Estados Unidos.” en la que se tipifica como delito el que una persona no tenga los documentos migratorios apropiados. Requiere que los policías, si “tienen una sospecha razonable” que alguien es un inmigrante ilegal, determinen con certeza su status migratorio. Aquellos individuos que no puedan producir los documentos que indiquen que tienen permiso de estar en los Estados Unidos, pueden ser arrestados, encarcelados y multados.
El 11 de mayo, se aprobó la Proposición HB 3381, que prohíbe los programas escolares “diseñados para alumnos de un grupo étnico en particular”. Esta disposición prohíbe cursos que promuevan la solidaridad étnica, que sean diseñados principalmente para estudiantes de una raza en particular o que promuevan resentimiento hacia algún grupo étnico determinado.
El lenguaje de la ley lleva dedicatoria expresa para eliminar los programas de estudios Chicanos o México-americanos del Distrito Escolar de Tucson en el que se ofrecen cursos en estudios afroamericanos, méxico-americanos, y de los pueblos originarios, que enseñan historia, y literatura e incluyen información acerca de la influencia de un grupo étnico particular. El 56% de los estudiantes del distrito son latinos, alrededor de 31,000.
Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas, se pronunciaron en contra de la ley. A decir de estos expertos “una ley y una actitud como esas casan mal con la responsabilidad del Estado de respetar el derecho de cada uno a acceder a su propia herencia cultural y lingüística”.
Estas acciones superan con mucho las intentadas por el gobernador Pete Wilson de California con su promoción de la tristemente célebre Proposición 187 en 1994. En Arizona más de 400,000 personas de origen mexicano y latinoamericano serán las receptoras del acoso y de las “medidas de control”, que reproducen los peores elementos del apartheid sudafricano e israelí, y transforman cualquier persona "sospechosa" de ser migrante indocumentado en blanco de persecución policial.
El Tribunal investigará las implicaciones de la nueva ley estatal dentro del marco de las responsabilidades de autoridades estadounidenses, mexicanas, y de otros países involucrados de tránsito y origen en asegurar el respeto de los mínimos establecidos por la normatividad internacional y nacional pertinente, y a la luz de los imperativos éticos que fundamentan la insistencia en los movimientos de base de migrantes en todo el mundo a favor del reconocimiento de su derecho a migrar, a no migrar, a no ser desplazado/as forzosamente, y a ejercer estos derechos sin discriminación y sin ser víctimas de violencia estatal, estructural y sistémica. El tribunal concluirá sus trabajos, entre el 4 y 6 de Noviembre, como parte del foro alternativo al IV Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo organizado por el estado mexicano y la Fundación BBVA Bancomer, que carecen de la legitimidad necesaria para realizar este evento.
Esperamos contar con su presencia frente a la Embajada de los EEUU
el día 29 de mayo a las 12 del mediodía
NO a las medidas ilegales, discriminatorias y racistas del estado de Arizona contra los trabajadores migrantes latino-mexicanos y sus familias.
* NINGUN SER HUMANO ES ILEGAL *
* NO LEGALIZACION, NO REELECCION *
* PAPELES PARA TODOS *
Para comunicarse: tribunalmigrante@gmail.com, www.tribunalmigrante.saltoscuanticos.org
Convocan entre otros: Elvira Arellano, Familia Latina Unida Sin Fronteras; Marta Sánchez Soler, José Jacques y Medina, Movimiento Migrante Mesoamericano; Camilo Pérez Bustillo, MIREDES Internacional; Enrique González Ruiz, Amarela Varela, Marylena Bustamante, UACM; José Antonio Foronda, Precademac A.C.; Manuel Fuentes Muñiz, Oscar Alzaga, Adriana Jiménez Moles, ANAD; Jóvenes en Resistencia Alternativa (JRA); Asamblea de Migrantes Indígenas del DF; Epifanio Díaz Sarabia, Movimiento Indígena Alternativo; en nombre del Comité Promotor Internacional del Foro Alternativo de los Pueblos en Movimiento; Ana Esther Ceceña, Carlos Fazio, Gilberto Lopez y Rivas, Ángel Guerra: capítulo mexicano de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad; En Arizona y California: National Day Labor Organizing Network (NDLON), Puente, Tonatierra-Nahuacalli, Hitec Aztec Communications/4 Rumbos-4 Colores/Fuerza Mundial; y la Coalicion de Derechos Humanos.
domingo, 23 de mayo de 2010
LEY DE ARIZONA ES UN AGRAVIO A LA HUMANIDAD
Por Aída García Naranjo Morales
"Sean tus púas mis alas y mi sangre la herrumbre que te destruya..." (Susana Pérez-Alonso)
La ley SB 1070 promulgada el 23 de abril, por la gobernadora del Estado de Arizona, Jan Brewer, no sólo es anti inmigratoria, discriminatoria y anticonstitucional. Es una afrenta para la humanidad porque viola derechos fundamentales proclamados y ratificados por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Estados Unidos.
Al facultar a los cuerpos policiales de Arizona para que -basados en su apariencia racial y reforzando la cultura de la sospecha y la criminalizació n de la migración- detengan e interroguen a cualquier individuo y lo entreguen a las autoridades migratorias para un posible procesamiento, prisión o deportación en caso de no presentar de inmediato los documentos que hagan constar su estancia legal en Estados Unidos, la norma vulnera el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por EEUU; la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 16 de la Convención de Trabajadores Migrantes, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana de 1948 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminació n Racial, ratificada por Estados Unidos, en octubre de 1994.
"Supone un modelo perturbador de actividad legislativa hostil para las minorías étnicas y los inmigrantes y abre las puertas a que la policía pueda actuar sobre individuos por su origen étnico", dice el pronunciamiento de la ONU.
Sin fronteras
“Perseguir y arrestar trabajadores migrantes que producen riqueza y pagan impuestos es volver sobre soluciones equivocadas, aumenta su nivel de vulnerabilidad y no resuelve la crisis económica global”, señala la red Espacio Sin Fronteras (ESF), en un comunicado en el que expresamos nuestra profunda indignación y preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las personas inmigrantes y sus familias que se pueden derivar de las leyes SB 1070 y HB 2162 en el Estado de Arizona.
Como miembros y activistas de “ESF hacemos un llamado tanto a la Relatoría Especial de la CIDH/OEA sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias como a la Relatoría Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, a aunar esfuerzos y proceder en conjunto para demandar de los Estados Unidos de América la adhesión de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la implementació n de una reforma migratoria comprehensiva e integral”, prosigue el documento suscrito por los nueve países de América del Sur que integran la red.
De otro lado formulamos nuestro apoyo y solidaridad “con las/los migrantes, sus familias y las organizaciones sociales de Estados Unidos que se movilizan contra esta Ley y sus exigencias a las autoridades de ese país para que derogue las leyes SB 1070 y HB 2162, aprobadas en el Estado de Arizona y, en su lugar, adopte, en el menor tiempo posible, una ley federal sobre inmigración, en concordancia con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.
Repudio internacional
La Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), repudió la ley aprobada por el estado de Arizona de Estados Unidos (EEUU) porque criminaliza a los inmigrantes y puede legitimar actitudes racistas.
Los presidentes reunidos en Argentina rechazaron la normativa que permite “detener a las personas de manera discrecional por consideraciones raciales, étnicas, fenotipo, lenguaje y estatus migratorio, mediante el concepto cuestionable de duda razonable”.
El texto conclusivo, aprobado por consenso, argumenta que el instrumento legal podría acarrear “la legitimación de las actitudes racistas en la sociedad de destino y el riesgo latente de violencia por odio racial con lamentables episodios, de los que ya han sido víctimas ciudadanos suramericanos”.
La VI Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe celebrada en Madrid y en la que participaron jefes de Estado y de gobierno de 60 países, concluyó ignorando la ley Arizona, aunque muchos mandatarios como la argentina Cristina Fernández de Kirchner y el boliviano Evo Morales insistieron en la necesidad de que no se cierren las puertas a los inmigrantes y se respeten sus derechos, el documento final no menciona la ley Arizona por la oposición de algunos países europeos, como Gran Bretaña.
“Es absolutamente inaceptable una ley migratoria como la de Arizona o la Directiva del Retorno de la Unión Europea”, expresó el presidente Evo Morales, haciendo hincapié en la existencia de una deuda con los migrantes forzados por el cambio climático, “que ya suman 50 millones en el mundo y que pueden alcanzar para el 2050 la cifra de 200 a 1.000 millones de personas. Para honrar esta deuda los países desarrollados, causantes del cambio climático, tienen que abrir sus fronteras para recibir a los migrantes afectados”, manifestó el mandatario boliviano al condenar la llamada Ley Arizona, que criminaliza a los extranjeros en esa región sureña de Estados Unidos y recordó que los pueblos de América Latina y el Caribe durante muchos siglos y sin ninguna norma recibieron a los europeos. “Ahora que hay problemas económicos y migrantes forzados por cambios climáticos, no se puede expulsarlos de ningún continente”, añadió
El jefe de estado venezolano Hugo Chávez, consideró de "mayor importancia" la "condena unánime a la ley que criminaliza a los inmigrantes y promueve el racismo: un real y verdadero atentado contra los derechos humanos".
"Vemos con mucha preocupación en América Latina el trato discriminatorio que se está dando en distintos países, sobre todo los más desarrollados, acerca de la inmigración", dijo Cristina Kirchner en su discurso durante la apertura de la cumbre birregional celebrada celebra en Madrid. "Hay que evitar conductas y sanciones de leyes discriminatorias contra la inmigración", agregó la presidenta argentina ante sus homólogos de la Unión Europea (UE) y América Latina y Caribe.
Una ley idiota
La jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton, también se sumó a las críticas la ley que criminaliza a los indocumentados en Arizona e indicó que invita a cuestionar a las personas en función de su raza. “Está redactada de forma tan amplia que si uno decidiese visitar Arizona y tuviese acento (extranjero) y fuese ciudadano de mi estado, Nueva York, podría ser sometido al tipo de interrogatorio que esta ley permite”, afirmó Clinton. Dijo, por otro lado, que no tiene “ninguna duda” de que la ley propicia que se cuestione a las personas en función de su raza o apariencia física.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, calificó a la ley de Arizona como "un insulto a la dignidad humana".
El boicot declarado por organizaciones hispanas, algunas empresas y ciudades de EE UU, en rechazo a la Ley de Inmigración ha provocado pérdidas de US$ 100 millones. Al respecto, el escritor mexicano Carlos Fuentes, dijo que la ley que criminaliza a los migrantes indocumentados en Arizona “es una estupidez, una barbaridad, es una ley idiota”, pero confió en que la Corte Suprema estadounidense “la va a tumbar” cuando la examine.
“Esta es la más peligrosa y extrema ley de inmigración promulgada hasta ahora”, manifestó Lucas Guttentag, representante de la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), organización que ha interpuesto una demanda legal contra la Ley SB 1070.
La demanda –la quinta presentada hasta el momento- argumenta que la ley interfiere de manera ilegal con el poder y la autoridad federales sobre asuntos de inmigración, en violación a la Cláusula Suprema de la Constitución, viola la garantía de protección igualitaria al invitar al perfil racial, y quebranta la prohibición de búsquedas o inspecciones irrazonables de parte de policías, garantizada bajo la Cuarta y Decimocuarta Enmiendas Constitucionales.
No más muros
Cuando en 1989, el mundo festejó la caída del Muro de Berlín, imaginamos que sería el principio del fin de las murallas que separan a las personas. Sin embargo, hoy en el 2010, hay 20 muros físicos y otros tantos invisibles que debieran ser derribados. En vez de ello Arizona, construye otro.
Muros de la intolerancia, discriminació n y xenofobia como el de “La Tortilla” (EE.UU.), tres mil kilómetros de concreto que ha cobrado 5,600 vidas de personas que intentaban cruzarlo; la Valla de Ceuta en España, más de ocho kilómetros de alambrado en Ceuta y doce en Melilla, con barreras de hasta seis metros, cámaras infrarrojas, difusores de gases lacrimógenos, cables trenzados y piquetes de uno a tres metros de altura a su alrededor: 4,000 personas han muerto ahogadas al tratar de cruzar el Estrecho de Gibraltar.
En el Sahara Occidental, 2.720 km. de campos minados convierten a Marruecos en una nación sitiada pero, el peor de todos, construido por el gobierno Israelí, deja a 360.000 palestinos desconectados de su pueblo y rodeados por un muro de 181 kilómetros, flanqueados por carreteras del apartheid (por las que sólo pueden circular vehículos con matrícula israelí) y según Julián Saada, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se estima en 178.000 millones de dólares, el costo de asegurar las fronteras, de aquí al 2015.
Alguien debería explicarle a los gobernantes de los países ricos, que la seguridad no se consigue con cemento ni alambrados sino con equidad, tolerancia, respeto, puentes y caminos. Los muros construyen odios y conflictos.
Muros de papel
España se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aplicar la polémica “ley del retorno” que establece 18 meses de detención para un extranjero sin papeles, a cuyo término, culminado el proceso judicial, el detenido es deportado.
El cumplimiento de las leyes de inmigración se ha intensificado drásticamente en los últimos cinco años, incrementando las medidas de seguridad en las fronteras y también las deportaciones. En el último lustro, el número de deportaciones en Estados Unidos aumentó en 60 por ciento. En 2007, fueron deportadas 320.000 personas, de las cuales 96 por ciento provenían de América Latina y el Caribe. La proporción de personas deportadas por acusaciones o sentencias judiciales varió por región. En el 2008, la cifra de deportaciones se elevó a 359.000. América Central registra el mayor incremento en la tasa y número de deportaciones.
El vicepresidente del Parlamento Andino, Wilbert Bendezú, advierte que a partir de julio próximo, unos 200 mil peruanos podrían ser expulsados de la Unión Europea. Peruanos que se sumarán a los 80 mil 427 que retornaron a nuestro país en los últimos tres años, tras radicar cinco años en el extranjero, donde dejaron el fruto de su trabajo y propiedades en muchos casos. Según cifras del INEI, entre Enero y Junio del 2009, retornaron 33,701 peruanos del exterior.
"Sean tus púas mis alas y mi sangre la herrumbre que te destruya..." (Susana Pérez-Alonso)
La ley SB 1070 promulgada el 23 de abril, por la gobernadora del Estado de Arizona, Jan Brewer, no sólo es anti inmigratoria, discriminatoria y anticonstitucional. Es una afrenta para la humanidad porque viola derechos fundamentales proclamados y ratificados por todos los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con sede en Estados Unidos.
Al facultar a los cuerpos policiales de Arizona para que -basados en su apariencia racial y reforzando la cultura de la sospecha y la criminalizació n de la migración- detengan e interroguen a cualquier individuo y lo entreguen a las autoridades migratorias para un posible procesamiento, prisión o deportación en caso de no presentar de inmediato los documentos que hagan constar su estancia legal en Estados Unidos, la norma vulnera el Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, firmado y ratificado por EEUU; la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Artículo 16 de la Convención de Trabajadores Migrantes, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana de 1948 y la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminació n Racial, ratificada por Estados Unidos, en octubre de 1994.
"Supone un modelo perturbador de actividad legislativa hostil para las minorías étnicas y los inmigrantes y abre las puertas a que la policía pueda actuar sobre individuos por su origen étnico", dice el pronunciamiento de la ONU.
Sin fronteras
“Perseguir y arrestar trabajadores migrantes que producen riqueza y pagan impuestos es volver sobre soluciones equivocadas, aumenta su nivel de vulnerabilidad y no resuelve la crisis económica global”, señala la red Espacio Sin Fronteras (ESF), en un comunicado en el que expresamos nuestra profunda indignación y preocupación por las violaciones a los derechos humanos de las personas inmigrantes y sus familias que se pueden derivar de las leyes SB 1070 y HB 2162 en el Estado de Arizona.
Como miembros y activistas de “ESF hacemos un llamado tanto a la Relatoría Especial de la CIDH/OEA sobre trabajadores migratorios y miembros de sus familias como a la Relatoría Especial de la ONU sobre derechos humanos de los migrantes, a aunar esfuerzos y proceder en conjunto para demandar de los Estados Unidos de América la adhesión de la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares y la implementació n de una reforma migratoria comprehensiva e integral”, prosigue el documento suscrito por los nueve países de América del Sur que integran la red.
De otro lado formulamos nuestro apoyo y solidaridad “con las/los migrantes, sus familias y las organizaciones sociales de Estados Unidos que se movilizan contra esta Ley y sus exigencias a las autoridades de ese país para que derogue las leyes SB 1070 y HB 2162, aprobadas en el Estado de Arizona y, en su lugar, adopte, en el menor tiempo posible, una ley federal sobre inmigración, en concordancia con las normas y estándares internacionales de derechos humanos”.
Repudio internacional
La Cumbre de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), repudió la ley aprobada por el estado de Arizona de Estados Unidos (EEUU) porque criminaliza a los inmigrantes y puede legitimar actitudes racistas.
Los presidentes reunidos en Argentina rechazaron la normativa que permite “detener a las personas de manera discrecional por consideraciones raciales, étnicas, fenotipo, lenguaje y estatus migratorio, mediante el concepto cuestionable de duda razonable”.
El texto conclusivo, aprobado por consenso, argumenta que el instrumento legal podría acarrear “la legitimación de las actitudes racistas en la sociedad de destino y el riesgo latente de violencia por odio racial con lamentables episodios, de los que ya han sido víctimas ciudadanos suramericanos”.
La VI Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe celebrada en Madrid y en la que participaron jefes de Estado y de gobierno de 60 países, concluyó ignorando la ley Arizona, aunque muchos mandatarios como la argentina Cristina Fernández de Kirchner y el boliviano Evo Morales insistieron en la necesidad de que no se cierren las puertas a los inmigrantes y se respeten sus derechos, el documento final no menciona la ley Arizona por la oposición de algunos países europeos, como Gran Bretaña.
“Es absolutamente inaceptable una ley migratoria como la de Arizona o la Directiva del Retorno de la Unión Europea”, expresó el presidente Evo Morales, haciendo hincapié en la existencia de una deuda con los migrantes forzados por el cambio climático, “que ya suman 50 millones en el mundo y que pueden alcanzar para el 2050 la cifra de 200 a 1.000 millones de personas. Para honrar esta deuda los países desarrollados, causantes del cambio climático, tienen que abrir sus fronteras para recibir a los migrantes afectados”, manifestó el mandatario boliviano al condenar la llamada Ley Arizona, que criminaliza a los extranjeros en esa región sureña de Estados Unidos y recordó que los pueblos de América Latina y el Caribe durante muchos siglos y sin ninguna norma recibieron a los europeos. “Ahora que hay problemas económicos y migrantes forzados por cambios climáticos, no se puede expulsarlos de ningún continente”, añadió
El jefe de estado venezolano Hugo Chávez, consideró de "mayor importancia" la "condena unánime a la ley que criminaliza a los inmigrantes y promueve el racismo: un real y verdadero atentado contra los derechos humanos".
"Vemos con mucha preocupación en América Latina el trato discriminatorio que se está dando en distintos países, sobre todo los más desarrollados, acerca de la inmigración", dijo Cristina Kirchner en su discurso durante la apertura de la cumbre birregional celebrada celebra en Madrid. "Hay que evitar conductas y sanciones de leyes discriminatorias contra la inmigración", agregó la presidenta argentina ante sus homólogos de la Unión Europea (UE) y América Latina y Caribe.
Una ley idiota
La jefa de la diplomacia estadounidense, Hillary Clinton, también se sumó a las críticas la ley que criminaliza a los indocumentados en Arizona e indicó que invita a cuestionar a las personas en función de su raza. “Está redactada de forma tan amplia que si uno decidiese visitar Arizona y tuviese acento (extranjero) y fuese ciudadano de mi estado, Nueva York, podría ser sometido al tipo de interrogatorio que esta ley permite”, afirmó Clinton. Dijo, por otro lado, que no tiene “ninguna duda” de que la ley propicia que se cuestione a las personas en función de su raza o apariencia física.
El presidente ecuatoriano, Rafael Correa, calificó a la ley de Arizona como "un insulto a la dignidad humana".
El boicot declarado por organizaciones hispanas, algunas empresas y ciudades de EE UU, en rechazo a la Ley de Inmigración ha provocado pérdidas de US$ 100 millones. Al respecto, el escritor mexicano Carlos Fuentes, dijo que la ley que criminaliza a los migrantes indocumentados en Arizona “es una estupidez, una barbaridad, es una ley idiota”, pero confió en que la Corte Suprema estadounidense “la va a tumbar” cuando la examine.
“Esta es la más peligrosa y extrema ley de inmigración promulgada hasta ahora”, manifestó Lucas Guttentag, representante de la Unión de Libertades Civiles de América (ACLU), organización que ha interpuesto una demanda legal contra la Ley SB 1070.
La demanda –la quinta presentada hasta el momento- argumenta que la ley interfiere de manera ilegal con el poder y la autoridad federales sobre asuntos de inmigración, en violación a la Cláusula Suprema de la Constitución, viola la garantía de protección igualitaria al invitar al perfil racial, y quebranta la prohibición de búsquedas o inspecciones irrazonables de parte de policías, garantizada bajo la Cuarta y Decimocuarta Enmiendas Constitucionales.
No más muros
Cuando en 1989, el mundo festejó la caída del Muro de Berlín, imaginamos que sería el principio del fin de las murallas que separan a las personas. Sin embargo, hoy en el 2010, hay 20 muros físicos y otros tantos invisibles que debieran ser derribados. En vez de ello Arizona, construye otro.
Muros de la intolerancia, discriminació n y xenofobia como el de “La Tortilla” (EE.UU.), tres mil kilómetros de concreto que ha cobrado 5,600 vidas de personas que intentaban cruzarlo; la Valla de Ceuta en España, más de ocho kilómetros de alambrado en Ceuta y doce en Melilla, con barreras de hasta seis metros, cámaras infrarrojas, difusores de gases lacrimógenos, cables trenzados y piquetes de uno a tres metros de altura a su alrededor: 4,000 personas han muerto ahogadas al tratar de cruzar el Estrecho de Gibraltar.
En el Sahara Occidental, 2.720 km. de campos minados convierten a Marruecos en una nación sitiada pero, el peor de todos, construido por el gobierno Israelí, deja a 360.000 palestinos desconectados de su pueblo y rodeados por un muro de 181 kilómetros, flanqueados por carreteras del apartheid (por las que sólo pueden circular vehículos con matrícula israelí) y según Julián Saada, de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, se estima en 178.000 millones de dólares, el costo de asegurar las fronteras, de aquí al 2015.
Alguien debería explicarle a los gobernantes de los países ricos, que la seguridad no se consigue con cemento ni alambrados sino con equidad, tolerancia, respeto, puentes y caminos. Los muros construyen odios y conflictos.
Muros de papel
España se convirtió en el primer país de la Unión Europea en aplicar la polémica “ley del retorno” que establece 18 meses de detención para un extranjero sin papeles, a cuyo término, culminado el proceso judicial, el detenido es deportado.
El cumplimiento de las leyes de inmigración se ha intensificado drásticamente en los últimos cinco años, incrementando las medidas de seguridad en las fronteras y también las deportaciones. En el último lustro, el número de deportaciones en Estados Unidos aumentó en 60 por ciento. En 2007, fueron deportadas 320.000 personas, de las cuales 96 por ciento provenían de América Latina y el Caribe. La proporción de personas deportadas por acusaciones o sentencias judiciales varió por región. En el 2008, la cifra de deportaciones se elevó a 359.000. América Central registra el mayor incremento en la tasa y número de deportaciones.
El vicepresidente del Parlamento Andino, Wilbert Bendezú, advierte que a partir de julio próximo, unos 200 mil peruanos podrían ser expulsados de la Unión Europea. Peruanos que se sumarán a los 80 mil 427 que retornaron a nuestro país en los últimos tres años, tras radicar cinco años en el extranjero, donde dejaron el fruto de su trabajo y propiedades en muchos casos. Según cifras del INEI, entre Enero y Junio del 2009, retornaron 33,701 peruanos del exterior.
RESOLUCION CUBANA VS. LEY ARIZONA
REPUBLICA DE CUBA
Asamblea Nacional del Poder Popular
Comisión de Relaciones Internacionales
DECLARACION
El pasado 23 de abril la Gobernadora del Estado de Arizona, Estados Unidos, Jan Brewer , promulgó la Ley SB 1070.
Esta ley, de profundo carácter racista y xenófobo, permite a la policía usar el perfil racial para detener a cualquier persona si tiene “sospecha razonable” de que es un ilegal, criminalizando de hecho a los inmigrantes sin papeles y creando una atmósfera de persecución contra los inmigrantes en general, que en lo adelante serán constantemente sometidos a detenciones arbitrarias, registros y vejaciones, incluyendo la deportación a su país de origen. Esto ocurre en un estado en que un tercio de su población son inmigrantes hispanos y en el que más de 300 mil trabajadores indocumentados, fundamentalmente mexicanos, realizan las más duras labores en largas e interminables jornadas en las cosechas agrícolas, mientras perciben miserables salarios.
Desde el momento en que esta ley comenzara a gestarse, amplios sectores de Estados Unidos denunciaron su carácter selectivo y discriminatorio.
El pasado 1ro de mayo más de 70 ciudades de Estados Unidos sirvieron de escenario a masivas manifestaciones de grupos de inmigrantes, trabajadores, estudiantes y defensores de los derechos humanos que bajo el lema “Todos Somos Arizona” clamaron por una reforma migratoria general y la anulación de ese engendro impuesto en Arizona.
Teniendo en cuenta las implicaciones de esta ley para millones de seres humanos que en nuestra región se ven obligados a desplazarse a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias y ante la posibilidad cierta de que leyes semejantes se propaguen como una plaga en el territorio norteamericano, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba proclama su solidaridad con quienes enfrentan esta brutal violación de sus derechos humanos.
No podemos dejar de llamar la atención acerca de que, mientras se construyen muros y se aprueban leyes como esta, que tratan de cerrar las puertas de los inmigrantes a los territorios robados por la fuerza al noble pueblo mexicano, permanezca en toda su vigencia la Ley de Ajuste Cubano, estímulo permanente a la emigración desordenada y la deserción, utilizando cualquier vía posible, que ha cobrado cientos de vidas a nuestro pueblo a lo largo de decenas de años.
La Habana , 19 de mayo de 2010
Asamblea Nacional del Poder Popular
Comisión de Relaciones Internacionales
DECLARACION
El pasado 23 de abril la Gobernadora del Estado de Arizona, Estados Unidos, Jan Brewer , promulgó la Ley SB 1070.
Esta ley, de profundo carácter racista y xenófobo, permite a la policía usar el perfil racial para detener a cualquier persona si tiene “sospecha razonable” de que es un ilegal, criminalizando de hecho a los inmigrantes sin papeles y creando una atmósfera de persecución contra los inmigrantes en general, que en lo adelante serán constantemente sometidos a detenciones arbitrarias, registros y vejaciones, incluyendo la deportación a su país de origen. Esto ocurre en un estado en que un tercio de su población son inmigrantes hispanos y en el que más de 300 mil trabajadores indocumentados, fundamentalmente mexicanos, realizan las más duras labores en largas e interminables jornadas en las cosechas agrícolas, mientras perciben miserables salarios.
Desde el momento en que esta ley comenzara a gestarse, amplios sectores de Estados Unidos denunciaron su carácter selectivo y discriminatorio.
El pasado 1ro de mayo más de 70 ciudades de Estados Unidos sirvieron de escenario a masivas manifestaciones de grupos de inmigrantes, trabajadores, estudiantes y defensores de los derechos humanos que bajo el lema “Todos Somos Arizona” clamaron por una reforma migratoria general y la anulación de ese engendro impuesto en Arizona.
Teniendo en cuenta las implicaciones de esta ley para millones de seres humanos que en nuestra región se ven obligados a desplazarse a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida para ellos y sus familias y ante la posibilidad cierta de que leyes semejantes se propaguen como una plaga en el territorio norteamericano, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba proclama su solidaridad con quienes enfrentan esta brutal violación de sus derechos humanos.
No podemos dejar de llamar la atención acerca de que, mientras se construyen muros y se aprueban leyes como esta, que tratan de cerrar las puertas de los inmigrantes a los territorios robados por la fuerza al noble pueblo mexicano, permanezca en toda su vigencia la Ley de Ajuste Cubano, estímulo permanente a la emigración desordenada y la deserción, utilizando cualquier vía posible, que ha cobrado cientos de vidas a nuestro pueblo a lo largo de decenas de años.
La Habana , 19 de mayo de 2010
POR UNA VIVIENDA DIGNA
COMITÉ POR LA VIVIENDA PROPIA
(Convocatoria)
“El derecho a un nivel de vida adecuado, significa tener acceso a una vivienda digna, al agua potable, al saneamiento, a los servicios básicos”
(Cap. III Convención Americana sobre Derechos Humanos).
¿Qué es el subsidio habitacional?
Es una ayuda directa del Estado que se otorga por una sola vez a las personas (mayores de 18 años) de escasos recursos, que desean adquirir una vivienda propia, como un complemento al ahorro y al aporte propio.
¿Cuáles son los requisitos básicos para adquirir el beneficio?
1.- Ser mayor de 18 años (chileno/a o extranjero/a residente)
2.- No ser propietario (ni el interesado ni su cónyuge) de una vivienda, ni haber recibido antes un subsidio habitacional.
3.- Abrir una libreta para la vivienda y comprometerse a ahorrar el dinero necesario
4.- Contar con un puntaje determinado (asignado a través de la ficha de estratificación social)
Cuantas modalidades de postulación hay?
Individual
Colectiva
En qué consiste la postulación colectiva?
Es cuando los postulantes deciden agruparse para postular, realizar las gestiones, juntar dinero y apoyarse mutuamente a fin de garantizar la obtención de la vivienda por ésa vía. Pueden constituir un Comité, una Cooperativa, etc. para lo cual se debe tramitar una personería jurídica. Esta modalidad tiene la ventaja que además de garantizar una gestión más eficiente, puede realizarse otros proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los socios, organizar mejor la vida en el barrio, etc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVITACION
Si eres chileno o extranjero, y reúnes los requisitos para postular al subsidio habitacional, te invitamos a integrarte al COMITÉ POR UNA VIVIENDA PROPIA EN EL BARRIO YUNGAY. Asiste a las asambleas que se realizan en calle Huérfanos 2136 (frente a la Plaza Brasil), los domingo a las 16.00 hs.
Informes e inscripciones:
Comité por la Vivienda Propia en el Barrio Yungay: 6814986 - 6735387
Equipo profesional de apoyo:
09-970563-76 (Enrique Castro), 09-84322389 (Lilia Núñez), 09-83617755 (Manuel Hidalgo)
Email: apila.chile.2020@gmail.com
¡HAGAMOS DE EL TERREMOTO UNA OPORTUNIDAD!
(Convocatoria)
“El derecho a un nivel de vida adecuado, significa tener acceso a una vivienda digna, al agua potable, al saneamiento, a los servicios básicos”
(Cap. III Convención Americana sobre Derechos Humanos).
¿Qué es el subsidio habitacional?
Es una ayuda directa del Estado que se otorga por una sola vez a las personas (mayores de 18 años) de escasos recursos, que desean adquirir una vivienda propia, como un complemento al ahorro y al aporte propio.
¿Cuáles son los requisitos básicos para adquirir el beneficio?
1.- Ser mayor de 18 años (chileno/a o extranjero/a residente)
2.- No ser propietario (ni el interesado ni su cónyuge) de una vivienda, ni haber recibido antes un subsidio habitacional.
3.- Abrir una libreta para la vivienda y comprometerse a ahorrar el dinero necesario
4.- Contar con un puntaje determinado (asignado a través de la ficha de estratificación social)
Cuantas modalidades de postulación hay?
Individual
Colectiva
En qué consiste la postulación colectiva?
Es cuando los postulantes deciden agruparse para postular, realizar las gestiones, juntar dinero y apoyarse mutuamente a fin de garantizar la obtención de la vivienda por ésa vía. Pueden constituir un Comité, una Cooperativa, etc. para lo cual se debe tramitar una personería jurídica. Esta modalidad tiene la ventaja que además de garantizar una gestión más eficiente, puede realizarse otros proyectos que tienen que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de los socios, organizar mejor la vida en el barrio, etc.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
INVITACION
Si eres chileno o extranjero, y reúnes los requisitos para postular al subsidio habitacional, te invitamos a integrarte al COMITÉ POR UNA VIVIENDA PROPIA EN EL BARRIO YUNGAY. Asiste a las asambleas que se realizan en calle Huérfanos 2136 (frente a la Plaza Brasil), los domingo a las 16.00 hs.
Informes e inscripciones:
Comité por la Vivienda Propia en el Barrio Yungay: 6814986 - 6735387
Equipo profesional de apoyo:
09-970563-76 (Enrique Castro), 09-84322389 (Lilia Núñez), 09-83617755 (Manuel Hidalgo)
Email: apila.chile.2020@gmail.com
¡HAGAMOS DE EL TERREMOTO UNA OPORTUNIDAD!
lunes, 8 de marzo de 2010
El pueblo se organiza
Terremoto y resistencia
Daniel Mathews
Hace un cuarto de siglo Pinochet saco a los pobres del centro de Concepción y los concentró al otro lado del Bio Bio, a una hora de la ciudad, en la población que se hoy se llama Boca Sur. En realidad no a todos. Aquí es muy fácil encontrar familiares de detenidos desaparecidos. Los que llegaron trajeron consigo todas sus luchas e ilusiones.
El pueblo de aproximadamente 60,000 habitantes es un lugar de castigo pero también de resistencia. Las viviendas son casi celdas para prisioneros: casitas de 36 metros cuadrados y una sola pieza para familias promedio de ocho personas, paredes de volcanita (tiza y papel), baño de 2 por 1, más un pequeño terreno trasero. Cuando yo llegue a Concepción y le pregunte por Boca Sur a los militares que cuidaban el terminal me advirtieron que era un espacio “peligroso”, le pidieron a un carro de la PDI que me llevaran y tuve que pasar por un interrogatorio previo.
Pero dentro de esas casitas hay mucha vida. Comenzó inmediatamente. A fines de la década del 80 se creó la primera Junta de Vecinos integrada solamente por mujeres, que jugó un papel decisivo en la democratización de la organización. Luego los trabajadores crearon el Sindicato de Trabajadores Eventuales Newenche. Con los años la lista de organizaciones creadas por los vecinos resulta impresionante. A fines de 2007 la Escuela Libre de Educación y Cultura Popular Víctor Jara, que juega un papel determinante en la formación de activistas del barrio.
CASTIGO COLECTIVO
Es esta organización la que ha permitido enfrentar no sólo el terremoto sino la desidia del gobierno y el municipio. Y es que, como Gaza, los pobladores de Boca Sur están sometidos a un “castigo colectivo”. Según declaran los pobladores de Boca Sur, el alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal y la alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, “no han encontrado mejor remedio a la inoperancia que han tenido, en relación a la entrega de ayudas que atacar a los pobladores/as con calificativos de “saqueadores” a través de los medios de prensa”. Como castigo al conjunto del pueblo los alcaldes han manifestado que “serán los últimos en recibir ayuda”.
Es evidente que no se puede calificar de delincuentes a mas de 60,000 pobladores. La desesperación ante la incertidumbre de lo que pasará y la falta de alimentos obligó a muchas familias a ingresar a los supermercados y obtener alimentos para los suyos. Lo excesos ocurridos los días posteriores son el claro reflejo de la burocracia estatal, la que tardó tres días en poner a militares en la seguridad pública
No salo no les dan ayuda sino que ni siquiera cumplen las funciones propias de la alcaldía: el recojo de basura y el asegurar servicios básicos como el agua por ejemplo están en total abandono. Por otra parte este “castigo colectivo” se aplica también a otras poblaciones como Aguita de la Perdiz, a solo 10 minutos del centro cívico y comercial de Concepción que tiene casas en el suelo y otras tantas inhabitables que deben ser demolidas. Hay ancianos de avanzada edad durmiendo en la calle, y a 7 días de la catástrofe no ha llegado ninguna autoridad según denuncia
Es la propia población organizada la que esta resolviendo el problema. Se han organizado en guardias vecinales para defender los pasajes y calles, se han instalado comedores populares y se ha centralizado la información en una casa del la población que muestra la capacidad que tienen los pobladores/as para dar respuesta a sus propias demandas. Han contado para eso con el apoyo de las poblaciones mas pobres de Santiago. En el caso de Boca Sur la ayuda ha llegado de La Legua.
Daniel Mathews
Hace un cuarto de siglo Pinochet saco a los pobres del centro de Concepción y los concentró al otro lado del Bio Bio, a una hora de la ciudad, en la población que se hoy se llama Boca Sur. En realidad no a todos. Aquí es muy fácil encontrar familiares de detenidos desaparecidos. Los que llegaron trajeron consigo todas sus luchas e ilusiones.
El pueblo de aproximadamente 60,000 habitantes es un lugar de castigo pero también de resistencia. Las viviendas son casi celdas para prisioneros: casitas de 36 metros cuadrados y una sola pieza para familias promedio de ocho personas, paredes de volcanita (tiza y papel), baño de 2 por 1, más un pequeño terreno trasero. Cuando yo llegue a Concepción y le pregunte por Boca Sur a los militares que cuidaban el terminal me advirtieron que era un espacio “peligroso”, le pidieron a un carro de la PDI que me llevaran y tuve que pasar por un interrogatorio previo.
Pero dentro de esas casitas hay mucha vida. Comenzó inmediatamente. A fines de la década del 80 se creó la primera Junta de Vecinos integrada solamente por mujeres, que jugó un papel decisivo en la democratización de la organización. Luego los trabajadores crearon el Sindicato de Trabajadores Eventuales Newenche. Con los años la lista de organizaciones creadas por los vecinos resulta impresionante. A fines de 2007 la Escuela Libre de Educación y Cultura Popular Víctor Jara, que juega un papel determinante en la formación de activistas del barrio.
CASTIGO COLECTIVO
Es esta organización la que ha permitido enfrentar no sólo el terremoto sino la desidia del gobierno y el municipio. Y es que, como Gaza, los pobladores de Boca Sur están sometidos a un “castigo colectivo”. Según declaran los pobladores de Boca Sur, el alcalde de San Pedro de la Paz, Audito Retamal y la alcaldesa de Concepción, Jacqueline Van Rysselberghe, “no han encontrado mejor remedio a la inoperancia que han tenido, en relación a la entrega de ayudas que atacar a los pobladores/as con calificativos de “saqueadores” a través de los medios de prensa”. Como castigo al conjunto del pueblo los alcaldes han manifestado que “serán los últimos en recibir ayuda”.
Es evidente que no se puede calificar de delincuentes a mas de 60,000 pobladores. La desesperación ante la incertidumbre de lo que pasará y la falta de alimentos obligó a muchas familias a ingresar a los supermercados y obtener alimentos para los suyos. Lo excesos ocurridos los días posteriores son el claro reflejo de la burocracia estatal, la que tardó tres días en poner a militares en la seguridad pública
No salo no les dan ayuda sino que ni siquiera cumplen las funciones propias de la alcaldía: el recojo de basura y el asegurar servicios básicos como el agua por ejemplo están en total abandono. Por otra parte este “castigo colectivo” se aplica también a otras poblaciones como Aguita de la Perdiz, a solo 10 minutos del centro cívico y comercial de Concepción que tiene casas en el suelo y otras tantas inhabitables que deben ser demolidas. Hay ancianos de avanzada edad durmiendo en la calle, y a 7 días de la catástrofe no ha llegado ninguna autoridad según denuncia
Es la propia población organizada la que esta resolviendo el problema. Se han organizado en guardias vecinales para defender los pasajes y calles, se han instalado comedores populares y se ha centralizado la información en una casa del la población que muestra la capacidad que tienen los pobladores/as para dar respuesta a sus propias demandas. Han contado para eso con el apoyo de las poblaciones mas pobres de Santiago. En el caso de Boca Sur la ayuda ha llegado de La Legua.
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