Se viene realizando la exhumación de las víctimas de la mayor masacre senderista en Ayacucho
Adital -
La Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho inició diligencias el martes 21 de setiembre en el distrito de Soras, Ayacucho, habiéndose recuperado hasta el momento los restos de 3 personas.
- El fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, Dr. Carlos Antonio Zaravia Palomino, decidió reiniciar los trabajos de exhumación en Soras entre el 25 y 31 de octubre, con lo que se espera concluir la primera fase de la diligencia. Quedan aún por realizar 2 fases de trabajo.
-La masacre, conocida como el caso del "Bus o Expreso de la Muerte", tuvo como epicentro la provincia ayacuchana de Sucre, el 16 de julio de 1984 y fue una acción de venganza contra campesinos de 25 comunidades de la cuenca del río Chicha que formaron una alianza para luchar contra Sendero. En esos días, el mando político de la zona era el "camarada José" hoy al mando de SL en el VRAE.
Tras 26 años de espera, se inició un paso muy importante para el esclarecimiento de la masacre senderista conocida como el "Bus o Expreso de la Muerte". El fiscal adjunto de la Segunda Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho, Dr. Carlos Antonio Zaravia Palomino, inició los trabajos de exhumación de los restos de las víctimas asesinadas el 16 de julio de 1984 el martes 21 de setiembre en el distrito de Soras, provincia de Sucre, Ayacucho.
Zaravia Palomino emitió la resolución N° 196-2010, con fecha 31 de agosto, en el que da cuenta que las diligencias se realizarán en tres etapas en siete lugares (entre localidades, centros pobladores y distritos del sur de Ayacucho): Sontohocha, Pallca-Chalapuquio, Badopampa, Sayropampa, Doce Corral, Yanama, Palachapampa y Soras.
La primera fase fue programada del 21 al 27 de setiembre en el cementerio del distrito de Soras. Sin embargo, dicha diligencia tuvo que ser suspendida por problemas técnicos el viernes 24 de setiembre, habiéndose recuperado hasta el momento los restos de 3 de las 18 personas que se espera recuperar.
Se ha reprogramado la culminación de esta primera fase entre el 25 y el 31 de octubre próximos (resolución Nº 239-2010, de fecha 12 de octubre de 2010) y se espera también la reprogramación de la segunda fase en Pallca-Chalapuquio del distrito de Chipao; y la tercera fase en el cementerio de Doce Corral y la comunidad de Chaupiwasi.
viernes, 15 de octubre de 2010
lunes, 4 de octubre de 2010
PERSISTE LA CULTURA DE LA MUERTE
Cusco: Un muerto y diecisiete heridos de gravedad deja enfrentamiento en Espinar
Espinar, 16 de septiembre (Rosalía Quispe).- Un muerto y diecisiete heridos, entre ellos cinco menores de edad, es el resultado de un violento enfrentamiento entre pobladores y policías en la provincia de Espinar, en el marco del paro indefinido contra el proyecto de irrigación Majes – Siguas II, reveló Saturdino Quispe Puma, representante del Centro de Salud de Yauri.
En diálogo con Ideeleradio explicó que la víctima fue identificada por sus familiares como Leoncio Fernández Pacheco (45), quien se desempeñaba como portero en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, sede Espinar. La víctima deja cuatro hijos en la orfandad.
“Ayer en horas de la noche la población tuvo una reunión en la Plaza de Armas en la cual una turba de policías repelió con bombas lacrimógenas. El enfrentamiento duró entre las ocho y la una de la madrugada aproximadamente, en la cual una de las personas fue objeto de una de las bombas y supuestamente con eso ha fallecido”, explicó a Ideeleradio.
“El señor en este momento se encuentra en la Morgue Central del Hospital de Espinar y ha sido identificado como Leoncio Fernández Pacheco [45] natural del mismo Espinar y laboraba con portero en la filial de la universidad nacional de Cusco”, confirmó
Familiares piden justicia
Trinidad Ccorimaya, prima del occiso, reveló que la víctima deja cuatro hijos en la orfandad y pidió que se haga justicia, tras señalar que fueron atacados mientras sostenían una reunión pacífica.
“Nosotros queremos que se haga justicia porque no le hemos hecho nada a los policías. Nosotros estábamos participando de una reunión [popular] en la plaza y ahí no más han votado las bombas lacrimógenas. Nosotros queremos justicia porque es un abuso lo que han hecho a mi primo, que cuando estaba vivo todavía en el suelo le han metido bala”, demandó.
“Nadie ha molestado a los policías, nosotros estamos en una reunión para seguir adelante con nuestra lucha y ahí no más cayeron las bombas lacrimógenas. No han respetado a nadie ni a las criaturas porque como granizada han caído las bombas”, manifestó.
Relación de víctimas
En tanto, un representante del Hospital Provincial de Espinar dio a conocer que el número de víctimas atendidas hasta este momento llegó a los diecisiete casos, entre ellos cinco menores de edad y uno de gravedad que en las próximas horas será traslado al hospital central de Arequipa.
Silvestre Carlos García (38) fractura de nariz
Fernando Huamani Hilario (32) herido por arma de hueso y fractura de cráneo
Arturo Ancahuaya Pacco (18) herido por arma de hueso, fractura de cráneo y trauma ocular severo
Jesús Leique Magaños (17) herida punzo cortante
Huber Chara Puma (20) contusión en el tobillo
Efraín Uriel Alata (15) contusión maxilar
Víctor Corahua Hirpa (33), fractura cerebral
Santos Cuevas caceras (23), fractura de rotura
Ciro Colque Flores (36) corte de cara
Juan Yucra Olguino (40), herida cortante
Arnold Turco Lupoc (21), arma de fuego y fractura de fémur
Kevin Quispe Arca (16) arma de fuego en región inguinal
Norberto Cutipa Lima (46) herida de arma de fuego en el rostro
Miguel Suma Paucar (15) herida de arma de fuego en la zona inguinal
Anderson Macarco Quispe (16) herida de arma de fuego región perineal
Giovanna Yacma Zambrano (39), herida de arma de fuego en brazo derecho
Fuente: IDL RADIO
Envio de Lucia Mariana
Espinar, 16 de septiembre (Rosalía Quispe).- Un muerto y diecisiete heridos, entre ellos cinco menores de edad, es el resultado de un violento enfrentamiento entre pobladores y policías en la provincia de Espinar, en el marco del paro indefinido contra el proyecto de irrigación Majes – Siguas II, reveló Saturdino Quispe Puma, representante del Centro de Salud de Yauri.
En diálogo con Ideeleradio explicó que la víctima fue identificada por sus familiares como Leoncio Fernández Pacheco (45), quien se desempeñaba como portero en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, sede Espinar. La víctima deja cuatro hijos en la orfandad.
“Ayer en horas de la noche la población tuvo una reunión en la Plaza de Armas en la cual una turba de policías repelió con bombas lacrimógenas. El enfrentamiento duró entre las ocho y la una de la madrugada aproximadamente, en la cual una de las personas fue objeto de una de las bombas y supuestamente con eso ha fallecido”, explicó a Ideeleradio.
“El señor en este momento se encuentra en la Morgue Central del Hospital de Espinar y ha sido identificado como Leoncio Fernández Pacheco [45] natural del mismo Espinar y laboraba con portero en la filial de la universidad nacional de Cusco”, confirmó
Familiares piden justicia
Trinidad Ccorimaya, prima del occiso, reveló que la víctima deja cuatro hijos en la orfandad y pidió que se haga justicia, tras señalar que fueron atacados mientras sostenían una reunión pacífica.
“Nosotros queremos que se haga justicia porque no le hemos hecho nada a los policías. Nosotros estábamos participando de una reunión [popular] en la plaza y ahí no más han votado las bombas lacrimógenas. Nosotros queremos justicia porque es un abuso lo que han hecho a mi primo, que cuando estaba vivo todavía en el suelo le han metido bala”, demandó.
“Nadie ha molestado a los policías, nosotros estamos en una reunión para seguir adelante con nuestra lucha y ahí no más cayeron las bombas lacrimógenas. No han respetado a nadie ni a las criaturas porque como granizada han caído las bombas”, manifestó.
Relación de víctimas
En tanto, un representante del Hospital Provincial de Espinar dio a conocer que el número de víctimas atendidas hasta este momento llegó a los diecisiete casos, entre ellos cinco menores de edad y uno de gravedad que en las próximas horas será traslado al hospital central de Arequipa.
Silvestre Carlos García (38) fractura de nariz
Fernando Huamani Hilario (32) herido por arma de hueso y fractura de cráneo
Arturo Ancahuaya Pacco (18) herido por arma de hueso, fractura de cráneo y trauma ocular severo
Jesús Leique Magaños (17) herida punzo cortante
Huber Chara Puma (20) contusión en el tobillo
Efraín Uriel Alata (15) contusión maxilar
Víctor Corahua Hirpa (33), fractura cerebral
Santos Cuevas caceras (23), fractura de rotura
Ciro Colque Flores (36) corte de cara
Juan Yucra Olguino (40), herida cortante
Arnold Turco Lupoc (21), arma de fuego y fractura de fémur
Kevin Quispe Arca (16) arma de fuego en región inguinal
Norberto Cutipa Lima (46) herida de arma de fuego en el rostro
Miguel Suma Paucar (15) herida de arma de fuego en la zona inguinal
Anderson Macarco Quispe (16) herida de arma de fuego región perineal
Giovanna Yacma Zambrano (39), herida de arma de fuego en brazo derecho
Fuente: IDL RADIO
Envio de Lucia Mariana
SEGUNDA GRAN OPORTUNIDAD POLÍTICA PERUANA EN PELIGRO.
Rodrigo Montoya Rojas,
Lima, 28 de setiembre 2010.
En mi texto ¨Con los rostros pintados, Tercera rebelión amazónica¨ (Montoya, 2009) hice una detallada descripción de la rebelión amazónica y traté de mostrar su potencialidad política para el futuro de Perú. En el artículo siguiente ¨Los puentes después de Bagua¨ (Montoya, 2010) sostuve que luego de la rebelión de Bagua se abriría para Perú una segunda oportunidad, luego del fracaso de la posible alianza de todas las fuerzas de izquierda con Hugo Blanco y de la alianza restringida que se llamó ¨Izquierda Unida¨. En este artículo me parece importante señalar el peligro que aparece en el horizonte para perder esta segunda oportunidad, luego de lo ocurrido el 23 de setiembre último cuando el anunciado lanzamiento de la candidatura presidencial de Alberto Pizango fue suspendido sin ninguna explicación seria.
La ola de tomas de tierras entre 1957 y 1962 abrió un proceso de transformación política del país a través de un nuevo actor político: los campesinos. Hugo Blanco se convirtió en el líder de masas que la izquierda no había tenido antes y en el candidato de izquierda con la votación más alta en las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1979. En esa oportunidad, un frente socialista que agrupase a todas las fuerzas posibles habría sido un gran acontecimiento pero no pudo ser debido a la profunda división entre las organizaciones de izquierda, a los apetitos individuales y electorales de dirigentes comunistas y maoístas de todos los colores, verbalmente más radicales, que se sentían los Lenin de Perú, con derecho a ser cada uno de ellos cabeza de fila de toda la izquierda. Por su parte, los trotskistas del llamado proletariado mundial estuvieron convencidos de que Hugo Blanco era el único gran líder de esas corrientes y que por eso no estaban dispuestos a compartir una victoria con sus adversarios del Partido Comunista pro soviético y de todas las organizaciones maoístas que se multiplicaron gracias al virus de su propia división.
Desafortunadamente, el propio Hugo Blanco no estuvo a la altura del desafío y prefirió romper el ARI (Alianza revolucionaria de Izquierda). Excluidos los trotskistas y los socialistas no trotskistas, la llamada ¨Izquierda Unida¨ liderada por Alfonso Barrantes, sólo fue una pasajera alianza electoral, que estalló en pedazos debido a cuatro factores decisivos: 1. La profunda división entre sus caudillos, 2. La virtual alianza entre Alfonso Barrantes y Alan García que dejó sin juego propio a lo que se llamaba aún ¨Izquierda Unida¨. 3. La contribución de Sendero Luminoso para quebrar lo poco de unidad que quedaba, con su discurso y práctica para demoler no sólo el Estado sino a cada de las organizaciones sociales y políticas y también a personas que escapaban a su control y que intentaban fijar una línea de independencia entre la alianza del fujimorismo y las Fuerzas Armadas de un lado, y el senderismo, de otro. Finalmente, 4, la reestructuración capitalista impuesta por el Consenso de Washington -aceptada sin crítica alguna por Fujimori y sus aliados- y su propuesta de privatización de las empresa públicas, de reducir el rol del Estado a su mínima expresión, de acabar con las conquistas laborales, de privatizar la administración de los fondos de jubilación, etc. medidas que quebraron el tejido social pre existente, dejando el espacio libre para la generalización de las relaciones capitalistas en todas las esferas de la sociedad, particularmente su ecuación costo-beneficio y el deseo de convertir todo en dinero y ganancias y ver a los vendedores ambulantes como micro empresarios.
Los gobiernos de Toledo y García (2001-2010) reprodujeron y reproducen el esquema de este desarrollo capitalista heredado de fujimorismo sin ninguna crítica o variación importante. Dentro de esa lógica, Alan García, llegó a creer que la Amazonía sigue siendo una tierra baldía y que los recursos allí existentes, como formal propiedad del Estado debieran ser entregados a empresas multinacionales y nacionales a través de concesiones. Nunca entendió lo que la Amazonía es y significa para el futuro del país, ignoró los derechos existentes y ganados de los pueblos indígenas con sus casi doce millones de hectáreas de territorio oficialmente reconocido como propiedad de las comunidades nativas y diversas reservas más. No vio seres humanos en los pueblos indígenas sino simplemente “perros de hortelano” que no comen ni dejan comer el petróleo, gas, oro, maderas y otros recursos que hay en sus territorios. No aceptó nunca el derecho de los pueblos indígenas a tener propiedad colectiva de sus territorios y por eso, quiso imponer la privatización de las tierras comunales. Por todo eso y por más, los pueblos amazónicos dijeron basta.
La Rebelión de Bagua ha sido un hecho político de primera importancia y ha colocado al movimiento indígena amazónico y a su dirigente mayor Alberto Pizango en el centro de la escena política nacional. Este movimiento ha sido y sigue siendo la única oposición real al régimen de Alan García y podría ser el punto de partida de una alternativa política nueva para el país. Para eso, la clave es una amplia política de alianzas entre los pueblos indígenas amazónicos y andinos; entre estos y los migrantes andinos y amazónicos que viven en Lima y en las grandes ciudades de Perú. Si este bloque fuera construido, faltarían nuevas alianzas con los trabajadores organizados en la Central General de Trabajadores del Perú, los campesinos de la CCP y la CNA los maestros, intelectuales y profesionales, los estudiantes, las mujeres, los artistas populares y los movimientos que defienden sus diferencias sexuales. Si se trabaja desde abajo, siguiendo el ejemplo ecuatoriano de la CONAIE, este desafío podría ser alcanzado en unos 10 o 15 años.
Cuando se produjo la reunión de AIDESEP, CONACAMI, CCP y CNA, en agosto, para iniciar un proceso de búsqueda de firmas y lanzar posteriormente la candidatura del hermano Alberto Pizango, expresé mi apoyo a este proceso y las ideas que acabo de mencionar nuevamente en este texto.
Me hubiera gustado participar en reuniones de trabajo para analizar la situación política del país, pero no fui convocado a ninguna reunión. Cuando el 23 de setiembre fui al Hotel Bolívar, invitado dos días antes, la conferencia de prensa había sido suspendida y los asistentes estaban en la Plaza San Martín esperando la llegada del hermano Alberto Pizango. El no llegó, y no hubo ninguna explicación seria de lo ocurrido. Los medios de comunicación informaron sobre problemas en AIDESEP y he visto también algunos textos de dirigentes de AIDESEP que no aceptan la candidatura y exigen que antes de ese lanzamiento haya un acuerdo pleno de todas las bases de AIDESEP. Lo que acabo de mencionar es suficiente para extraer dos conclusiones: Una, si AIDESEP no tiene un respaldo firme y unido a Alberto Pizango se trata de un mal comienzo y ya sabemos: lo que comienza mal, termina mal. Dos, si no hay una sólida política de alianzas primero en el bloque propiamente indígena y, luego, con las organizaciones amigas, el movimiento nace débil y su éxito futuro tiene más sombras que luces.
Con las elecciones municipales y la emergencia de Susana Villarán en el escenario político de Lima aparece un nuevo elemento político que debe ser examinado con toda la atención debida. Aun en la eventualidad de que Susana Villarán no ganase la alcaldía de Lima, ella ya está convertida en dirigente nacional de un movimiento que por el momento apunta a una nueva esperanza de lo que comienza a llamarse una “izquierda moderna” o social demócrata. Las fuerzas de derecha han entendido muy bien esta novedad, se han unido en un bloque grande que además del Partido Popular Cristiano, PPC, incluye a toda la cúpula oficial del Apra, al fujimorismo, al toledismo y a la organización de Castañeda y a los grandes medios de comunicación en la TV, la Radio y los diarios, y apelan al miedo a los fantasmas de Patria Roja, el MRTA y Sendero Luminoso para derrotar a Susana Villarán. Tienen clara conciencia de que una derrota de Lourdes Flores pondrá en peligro la victoria de Castañeda en las elecciones presidenciales, el regreso de Alan García en 2016 y la inmunidad e impunidad para todos ellos y los grandes empresarios a quienes les gustarían asegurar por diez años más el control de la economía y la política en el país. Fujimori quiso gobernar 20 años o 30. Gobernó diez. Luego, Toledo gobernó 5 años sin cambiar las bases neoliberales y fujimoristas de la economía y Alan García logró otros cinco años más en objetiva alianza con los fujimoristas. La posibilidad de no gobernar en los próximos diez años con Castañeda y Alan García les parece un “horror de horrores”.
Lo que acabo de decir sobre la nueva coyuntura política post elecciones municipales agrega una enorme dificultad más al proyecto electoral de una alternativa política nueva con el movimiento indígena amazónico y andino a la cabeza.
Antes de dar un paso adelante, sugiero examinar a fondo la situación para no seguir cometiendo errores. Lo central es construir una política de alianzas de organizaciones indígenas, campesinas y migrantes, como base y punto de partida. Sin esa base el lanzamiento de la candidatura de Alberto Pizango podría caer en el vacío.
Lima, 28 de setiembre 2010.
En mi texto ¨Con los rostros pintados, Tercera rebelión amazónica¨ (Montoya, 2009) hice una detallada descripción de la rebelión amazónica y traté de mostrar su potencialidad política para el futuro de Perú. En el artículo siguiente ¨Los puentes después de Bagua¨ (Montoya, 2010) sostuve que luego de la rebelión de Bagua se abriría para Perú una segunda oportunidad, luego del fracaso de la posible alianza de todas las fuerzas de izquierda con Hugo Blanco y de la alianza restringida que se llamó ¨Izquierda Unida¨. En este artículo me parece importante señalar el peligro que aparece en el horizonte para perder esta segunda oportunidad, luego de lo ocurrido el 23 de setiembre último cuando el anunciado lanzamiento de la candidatura presidencial de Alberto Pizango fue suspendido sin ninguna explicación seria.
La ola de tomas de tierras entre 1957 y 1962 abrió un proceso de transformación política del país a través de un nuevo actor político: los campesinos. Hugo Blanco se convirtió en el líder de masas que la izquierda no había tenido antes y en el candidato de izquierda con la votación más alta en las elecciones para la Asamblea Constituyente de 1979. En esa oportunidad, un frente socialista que agrupase a todas las fuerzas posibles habría sido un gran acontecimiento pero no pudo ser debido a la profunda división entre las organizaciones de izquierda, a los apetitos individuales y electorales de dirigentes comunistas y maoístas de todos los colores, verbalmente más radicales, que se sentían los Lenin de Perú, con derecho a ser cada uno de ellos cabeza de fila de toda la izquierda. Por su parte, los trotskistas del llamado proletariado mundial estuvieron convencidos de que Hugo Blanco era el único gran líder de esas corrientes y que por eso no estaban dispuestos a compartir una victoria con sus adversarios del Partido Comunista pro soviético y de todas las organizaciones maoístas que se multiplicaron gracias al virus de su propia división.
Desafortunadamente, el propio Hugo Blanco no estuvo a la altura del desafío y prefirió romper el ARI (Alianza revolucionaria de Izquierda). Excluidos los trotskistas y los socialistas no trotskistas, la llamada ¨Izquierda Unida¨ liderada por Alfonso Barrantes, sólo fue una pasajera alianza electoral, que estalló en pedazos debido a cuatro factores decisivos: 1. La profunda división entre sus caudillos, 2. La virtual alianza entre Alfonso Barrantes y Alan García que dejó sin juego propio a lo que se llamaba aún ¨Izquierda Unida¨. 3. La contribución de Sendero Luminoso para quebrar lo poco de unidad que quedaba, con su discurso y práctica para demoler no sólo el Estado sino a cada de las organizaciones sociales y políticas y también a personas que escapaban a su control y que intentaban fijar una línea de independencia entre la alianza del fujimorismo y las Fuerzas Armadas de un lado, y el senderismo, de otro. Finalmente, 4, la reestructuración capitalista impuesta por el Consenso de Washington -aceptada sin crítica alguna por Fujimori y sus aliados- y su propuesta de privatización de las empresa públicas, de reducir el rol del Estado a su mínima expresión, de acabar con las conquistas laborales, de privatizar la administración de los fondos de jubilación, etc. medidas que quebraron el tejido social pre existente, dejando el espacio libre para la generalización de las relaciones capitalistas en todas las esferas de la sociedad, particularmente su ecuación costo-beneficio y el deseo de convertir todo en dinero y ganancias y ver a los vendedores ambulantes como micro empresarios.
Los gobiernos de Toledo y García (2001-2010) reprodujeron y reproducen el esquema de este desarrollo capitalista heredado de fujimorismo sin ninguna crítica o variación importante. Dentro de esa lógica, Alan García, llegó a creer que la Amazonía sigue siendo una tierra baldía y que los recursos allí existentes, como formal propiedad del Estado debieran ser entregados a empresas multinacionales y nacionales a través de concesiones. Nunca entendió lo que la Amazonía es y significa para el futuro del país, ignoró los derechos existentes y ganados de los pueblos indígenas con sus casi doce millones de hectáreas de territorio oficialmente reconocido como propiedad de las comunidades nativas y diversas reservas más. No vio seres humanos en los pueblos indígenas sino simplemente “perros de hortelano” que no comen ni dejan comer el petróleo, gas, oro, maderas y otros recursos que hay en sus territorios. No aceptó nunca el derecho de los pueblos indígenas a tener propiedad colectiva de sus territorios y por eso, quiso imponer la privatización de las tierras comunales. Por todo eso y por más, los pueblos amazónicos dijeron basta.
La Rebelión de Bagua ha sido un hecho político de primera importancia y ha colocado al movimiento indígena amazónico y a su dirigente mayor Alberto Pizango en el centro de la escena política nacional. Este movimiento ha sido y sigue siendo la única oposición real al régimen de Alan García y podría ser el punto de partida de una alternativa política nueva para el país. Para eso, la clave es una amplia política de alianzas entre los pueblos indígenas amazónicos y andinos; entre estos y los migrantes andinos y amazónicos que viven en Lima y en las grandes ciudades de Perú. Si este bloque fuera construido, faltarían nuevas alianzas con los trabajadores organizados en la Central General de Trabajadores del Perú, los campesinos de la CCP y la CNA los maestros, intelectuales y profesionales, los estudiantes, las mujeres, los artistas populares y los movimientos que defienden sus diferencias sexuales. Si se trabaja desde abajo, siguiendo el ejemplo ecuatoriano de la CONAIE, este desafío podría ser alcanzado en unos 10 o 15 años.
Cuando se produjo la reunión de AIDESEP, CONACAMI, CCP y CNA, en agosto, para iniciar un proceso de búsqueda de firmas y lanzar posteriormente la candidatura del hermano Alberto Pizango, expresé mi apoyo a este proceso y las ideas que acabo de mencionar nuevamente en este texto.
Me hubiera gustado participar en reuniones de trabajo para analizar la situación política del país, pero no fui convocado a ninguna reunión. Cuando el 23 de setiembre fui al Hotel Bolívar, invitado dos días antes, la conferencia de prensa había sido suspendida y los asistentes estaban en la Plaza San Martín esperando la llegada del hermano Alberto Pizango. El no llegó, y no hubo ninguna explicación seria de lo ocurrido. Los medios de comunicación informaron sobre problemas en AIDESEP y he visto también algunos textos de dirigentes de AIDESEP que no aceptan la candidatura y exigen que antes de ese lanzamiento haya un acuerdo pleno de todas las bases de AIDESEP. Lo que acabo de mencionar es suficiente para extraer dos conclusiones: Una, si AIDESEP no tiene un respaldo firme y unido a Alberto Pizango se trata de un mal comienzo y ya sabemos: lo que comienza mal, termina mal. Dos, si no hay una sólida política de alianzas primero en el bloque propiamente indígena y, luego, con las organizaciones amigas, el movimiento nace débil y su éxito futuro tiene más sombras que luces.
Con las elecciones municipales y la emergencia de Susana Villarán en el escenario político de Lima aparece un nuevo elemento político que debe ser examinado con toda la atención debida. Aun en la eventualidad de que Susana Villarán no ganase la alcaldía de Lima, ella ya está convertida en dirigente nacional de un movimiento que por el momento apunta a una nueva esperanza de lo que comienza a llamarse una “izquierda moderna” o social demócrata. Las fuerzas de derecha han entendido muy bien esta novedad, se han unido en un bloque grande que además del Partido Popular Cristiano, PPC, incluye a toda la cúpula oficial del Apra, al fujimorismo, al toledismo y a la organización de Castañeda y a los grandes medios de comunicación en la TV, la Radio y los diarios, y apelan al miedo a los fantasmas de Patria Roja, el MRTA y Sendero Luminoso para derrotar a Susana Villarán. Tienen clara conciencia de que una derrota de Lourdes Flores pondrá en peligro la victoria de Castañeda en las elecciones presidenciales, el regreso de Alan García en 2016 y la inmunidad e impunidad para todos ellos y los grandes empresarios a quienes les gustarían asegurar por diez años más el control de la economía y la política en el país. Fujimori quiso gobernar 20 años o 30. Gobernó diez. Luego, Toledo gobernó 5 años sin cambiar las bases neoliberales y fujimoristas de la economía y Alan García logró otros cinco años más en objetiva alianza con los fujimoristas. La posibilidad de no gobernar en los próximos diez años con Castañeda y Alan García les parece un “horror de horrores”.
Lo que acabo de decir sobre la nueva coyuntura política post elecciones municipales agrega una enorme dificultad más al proyecto electoral de una alternativa política nueva con el movimiento indígena amazónico y andino a la cabeza.
Antes de dar un paso adelante, sugiero examinar a fondo la situación para no seguir cometiendo errores. Lo central es construir una política de alianzas de organizaciones indígenas, campesinas y migrantes, como base y punto de partida. Sin esa base el lanzamiento de la candidatura de Alberto Pizango podría caer en el vacío.
¿Se hará justicia?
La Primera Sala Penal de Lima condenó a 25 años de prisión al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, así como al ex jefe del denominado grupo Colina, Santiago Martín Rivas , y al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Juan Hermoza Ríos, por los crímenes de Barrios Altos, la desaparición de nueve campesinos del Santa y del periodista Pedro Yauri.
La condena alcanzó también al ex comandante general del Ejército, Julio Salazar Monroe. Asimismo, fueron condenados, aunque con otras penas, 20 miembros del grupo de aniquilamiento. El tribunal encontró a los acusados culpables de los delitos de homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada y asociación ilícita para delinquir.
Los vocales a cargo del proceso determinaron que Rivas ordenó la ejecución de las 15 víctimas en el solar de Barrios Altos y que incluso fue él quien inició los disparos. Los restantes militares recibieron sentencias de entre 15 y 25 años.
En cuanto a la matanza del Santa, se estableció que también quedó probado que el destacamento secuestró a un grupo de nueve campesinos, a quienes luego disparó, y que secuestró, maniató y acabó con la vida del periodista Pedro Yauri.
A consideración del director de Aprodeh, Francisco Soberón, la condena de 25 años para Vladimiro Montesinos, ex generales del Ejército, Santiago Martin Rivas y otros miembros del Grupo Colina es reconfortante para los familiares de los abatidos en Barrios Altos, de los campesinos del Santa y de Pedro Yauri.
“Creo que las penas que han sido otorgadas a los procesados, hoy a los condenados, nos parecen las justas y adecuadas”, señaló al comentar la sentencia dada por la Primera Sala Penal Especial.
En tanto, al comentar las apelaciones a la sentencia, como el caso de Martin Rivas, quien pidió la nulidad de su pena, no descartó que la institución que preside inicie acciones legales como parte civil.
“Seguramente habrá detalles técnicos que habrá que revisar con la lectura de la sentencia y ya la doctora Gloria Cano y los equipos legales serán los que darán su opinión y evaluarán si es necesario plantear algún recurso como parte civil frente a las impugnaciones que han planteado los condenados”, agregó en declaraciones a la prensa.
Envio: Lilia Nuñez
La condena alcanzó también al ex comandante general del Ejército, Julio Salazar Monroe. Asimismo, fueron condenados, aunque con otras penas, 20 miembros del grupo de aniquilamiento. El tribunal encontró a los acusados culpables de los delitos de homicidio calificado, secuestro, desaparición forzada y asociación ilícita para delinquir.
Los vocales a cargo del proceso determinaron que Rivas ordenó la ejecución de las 15 víctimas en el solar de Barrios Altos y que incluso fue él quien inició los disparos. Los restantes militares recibieron sentencias de entre 15 y 25 años.
En cuanto a la matanza del Santa, se estableció que también quedó probado que el destacamento secuestró a un grupo de nueve campesinos, a quienes luego disparó, y que secuestró, maniató y acabó con la vida del periodista Pedro Yauri.
A consideración del director de Aprodeh, Francisco Soberón, la condena de 25 años para Vladimiro Montesinos, ex generales del Ejército, Santiago Martin Rivas y otros miembros del Grupo Colina es reconfortante para los familiares de los abatidos en Barrios Altos, de los campesinos del Santa y de Pedro Yauri.
“Creo que las penas que han sido otorgadas a los procesados, hoy a los condenados, nos parecen las justas y adecuadas”, señaló al comentar la sentencia dada por la Primera Sala Penal Especial.
En tanto, al comentar las apelaciones a la sentencia, como el caso de Martin Rivas, quien pidió la nulidad de su pena, no descartó que la institución que preside inicie acciones legales como parte civil.
“Seguramente habrá detalles técnicos que habrá que revisar con la lectura de la sentencia y ya la doctora Gloria Cano y los equipos legales serán los que darán su opinión y evaluarán si es necesario plantear algún recurso como parte civil frente a las impugnaciones que han planteado los condenados”, agregó en declaraciones a la prensa.
Envio: Lilia Nuñez
martes, 7 de septiembre de 2010
Resumen Semanal: Vacancia presidencial
Fonavistas piden vacancia presidencial
El representante legal de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, Raúl Canelo, anunció que hoy su organización denunciará al presidente Alan García ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y exigirá su vacancia por su intromisión en el referéndum sobre la devolución de los aportes al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). “No es posible que una persona del rango del Presidente de la República intervenga en un acto electoral; eso es ilegal. Para eso existen otros políticos, pero si él quiere hacerlo, que renuncie. Si lo quiere hacer su ministra, que renuncie también y que embandere la campaña al No (a la devolución), ese No de la corrupción…”, indicó.
Cientos de fonavistas marcharon el miércoles 1 de septiembre a las instalaciones de la OEA, para denunciar la “descarada intromisión” del presidente García en el proceso electoral y anunciaron que el próximo lunes acudirán al Congreso para solicitar formalmente la vacancia presidencial.
Otro referendo más: contra el regalo del gas
Organizaciones sociales y frentes regionales del Cusco y Arequipa recolectaran un millón y medio de firmas a fin de impulsar el referéndum para que el pueblo decida si está de acuerdo o no con la indiscriminada exportación del Gas Natural de los lotes 56 y 88 en desmedro de los intereses nacionales. Fue el vocero de la bancada nacionalista, Daniel Abugattás, quien lanzó la iniciativa de que en los próximos días su grupo parlamentario impulsará un referéndum para garantizar que el gas de los lotes 56 y 88 sea de manera exclusiva para el consumo interno. El secretario general del Frente de Defensa de Arequipa, Jerónimo López, dijo a este diario que apoyar el referéndum debe ser un deber patriótico. Sostuvo que ellos apoyarán con la difusión de la necesidad de un referéndum para evitar la exportación del Gas Natural.
Alan quiere rematar el Perú
Sindicatos de empresas estatales, como Sedapal y Enapu, entre otros, acusan de “Traición a la Patria” al presidente García y denuncian que quiere rematar empresas estratégicas. Alistan movilizaciones de rechazo. Unidos en el Frente de Defensa de las Empresas del Estado, los representantes de la Empresa Nacional de Puertos, de PetroPerú, de las empresas eléctricas y de saneamiento (entre ellas Sedapal) acusaron ayer al presidente de la República, Alan García, de ser “un traidor a la Patria”, debido a su afán de promover la venta de las empresas estatales en perjuicio de la soberanía nacional.
Cuando fue candidato para la presidencia Alan García se reunió con los representantes de los empleados de las empresas estatales y firmó un acta en la que se comprometió a no promover ni vender las compañías de todos los peruanos. Hoy se olvida de lo que aceptó hace menos de cinco años.
Alan quiere liberar a Fujimori
Se ha dictado el Decreto Legislativo 1097 con el único fin de liberar al ex dictador Alberto Fujimori y de paso proteger a Alan García que también tiene buena cantidad de crímenes en su cuenta. El DL dice a la letra “Para efectos procesales, precísase que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución Legislativa Nº 27998, surte efectos y rige para el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003” lo que deja fuera de la Convención tanto los crímenes de Fujimori como los de García. Para el pueblo peruano fue un triunfo que se condenara al dictador, lo que no consiguió el pueblo chileno por ejemplo. No dejaremos que nos quiten el triunfo de las manos
“Yo veo la mano del Fujimorismo y del APRA para aprovecharse de la ley y buscar beneficios para ciertas personas que apoyaron sus regímenes. Estoy en total desacuerdo con los beneficios a los procesados que entrega el decreto 1097, como que afronten sus procesos en libertad y que sean resguardados por las instituciones armadas, ningún procesado común tiene esos beneficios” dijo el ex procurador Omar Chehade.
El representante legal de la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, Raúl Canelo, anunció que hoy su organización denunciará al presidente Alan García ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y exigirá su vacancia por su intromisión en el referéndum sobre la devolución de los aportes al desaparecido Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi). “No es posible que una persona del rango del Presidente de la República intervenga en un acto electoral; eso es ilegal. Para eso existen otros políticos, pero si él quiere hacerlo, que renuncie. Si lo quiere hacer su ministra, que renuncie también y que embandere la campaña al No (a la devolución), ese No de la corrupción…”, indicó.
Cientos de fonavistas marcharon el miércoles 1 de septiembre a las instalaciones de la OEA, para denunciar la “descarada intromisión” del presidente García en el proceso electoral y anunciaron que el próximo lunes acudirán al Congreso para solicitar formalmente la vacancia presidencial.
Otro referendo más: contra el regalo del gas
Organizaciones sociales y frentes regionales del Cusco y Arequipa recolectaran un millón y medio de firmas a fin de impulsar el referéndum para que el pueblo decida si está de acuerdo o no con la indiscriminada exportación del Gas Natural de los lotes 56 y 88 en desmedro de los intereses nacionales. Fue el vocero de la bancada nacionalista, Daniel Abugattás, quien lanzó la iniciativa de que en los próximos días su grupo parlamentario impulsará un referéndum para garantizar que el gas de los lotes 56 y 88 sea de manera exclusiva para el consumo interno. El secretario general del Frente de Defensa de Arequipa, Jerónimo López, dijo a este diario que apoyar el referéndum debe ser un deber patriótico. Sostuvo que ellos apoyarán con la difusión de la necesidad de un referéndum para evitar la exportación del Gas Natural.
Alan quiere rematar el Perú
Sindicatos de empresas estatales, como Sedapal y Enapu, entre otros, acusan de “Traición a la Patria” al presidente García y denuncian que quiere rematar empresas estratégicas. Alistan movilizaciones de rechazo. Unidos en el Frente de Defensa de las Empresas del Estado, los representantes de la Empresa Nacional de Puertos, de PetroPerú, de las empresas eléctricas y de saneamiento (entre ellas Sedapal) acusaron ayer al presidente de la República, Alan García, de ser “un traidor a la Patria”, debido a su afán de promover la venta de las empresas estatales en perjuicio de la soberanía nacional.
Cuando fue candidato para la presidencia Alan García se reunió con los representantes de los empleados de las empresas estatales y firmó un acta en la que se comprometió a no promover ni vender las compañías de todos los peruanos. Hoy se olvida de lo que aceptó hace menos de cinco años.
Alan quiere liberar a Fujimori
Se ha dictado el Decreto Legislativo 1097 con el único fin de liberar al ex dictador Alberto Fujimori y de paso proteger a Alan García que también tiene buena cantidad de crímenes en su cuenta. El DL dice a la letra “Para efectos procesales, precísase que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, aprobada por Resolución Legislativa Nº 27998, surte efectos y rige para el Perú a partir del 09 de noviembre de 2003” lo que deja fuera de la Convención tanto los crímenes de Fujimori como los de García. Para el pueblo peruano fue un triunfo que se condenara al dictador, lo que no consiguió el pueblo chileno por ejemplo. No dejaremos que nos quiten el triunfo de las manos
“Yo veo la mano del Fujimorismo y del APRA para aprovecharse de la ley y buscar beneficios para ciertas personas que apoyaron sus regímenes. Estoy en total desacuerdo con los beneficios a los procesados que entrega el decreto 1097, como que afronten sus procesos en libertad y que sean resguardados por las instituciones armadas, ningún procesado común tiene esos beneficios” dijo el ex procurador Omar Chehade.
martes, 31 de agosto de 2010
Resumen Semanal
Alcaldía de Lima entre dos mujeres
Aunque nada está dicho, el retiro de la carrera electoral de Alexander Kouri puede dar lugar a una polarización entre las candidatas a la alcaldía de Lima: Lourdes Flores de Unidad Nacional y Susana Villarán de Fuerza Social, El director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, Luis Benavente, estimó que para el electorado capitalino puede resultar sugerente el enfrentamiento y contraste entre ambas postulantes, que representan dos estilos y tendencias ideológicas claramente diferenciadas. “Que Susana Villarán se convierta en la principal retadora de Lourdes Flores abre la posibilidad de que la campaña se polarice otra vez. En todo caso, sería muy interesante ver a ambas mujeres en la disputa por la comuna limeña”, subrayó.
En las ultimas encuestas, Lourdes Flores, mantiene un 35 por ciento mientras Susana Villarán, escala a 22 por ciento,
En el Gas Alan sigue mintiendo
El líder nacionalista Ollanta Humala y el ex presidente Alejandro Toledo acusaron al gobierno de Alan García de haberle mentido al país, al asegurar que el gas del Lote 88 se destinará al consumo interno, pues ha expedido el Decreto Supremo 053-2010 que no garantiza tal cosa. Ollanta Humala pidió también que el lote 56 se destine para consumo interno. Toledo afirmo: “Lo que pido es que cumpla con la ley. Para nosotros, el esfuerzo que hemos hecho para construir Camisea es que el gas tenga prioridad para el consumo interno. Primero son los peruanos (en el consumo del gas) y lo que resta puede destinarse para exportación”.
No quieren cumplir con la Comisión de la Verdad
Ex integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) coincidieron ayer en indicar que existe poca voluntad política del gobierno para hacer cumplir las recomendaciones del informe final que entregó ese grupo de trabajo hace 7 años. El sacerdote Gastón Garatea dijo que “el actual gobierno no quiere recordar y cumplir las recomendaciones, y en general todos los ex presidentes y los que vendrán no lo harán porque todos tienen rabo de paja”. “La recomendación de hacer justicia ha tenido pocos logros. Sólo la condena a Alberto Fujimori aparece como un logro visible. En los últimos 7 años muchas fosas han sido abiertas, pero el Estado no apoya tampoco en la identificación de los restos”, señaló Rosa Villarán.
Umasi: el cementerio de niños
Especialistas forenses han iniciado la ardua y triste labor de identificación de los restos encontrados en fosas comunes en la comunidad ayacuchana de Umasi, principalmente los de 25 escolares que fueron ultimados por militares en octubre de 1983, hace casi 27 años. Los sacaron de sus casas con el uniforme escolar puesto. “Ahora son voluntarios para el adoctrinamiento militar y sus vidas le pertenecen a Sendero Luminoso”, les dijeron y los llevaron caminando desde la localidad ayacuchana de Raccaya hasta la comunidad vecina de Umasi. En total, fueron 25 los niños que en octubre de 1983, hace casi 27 años, salieron de Raccaya y no volvieron nunca. Terminaron todos en una fosa común. Esta semana especialistas del Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf) comenzaron las labores de reconocimiento de los restos de esos niños y de otras personas que en Umasi fueron ultimados a balazos por militares de la Base Contrasubversiva de Canaria, al mando del general EP Jorge Carcovich Cortelezzi.
Aunque nada está dicho, el retiro de la carrera electoral de Alexander Kouri puede dar lugar a una polarización entre las candidatas a la alcaldía de Lima: Lourdes Flores de Unidad Nacional y Susana Villarán de Fuerza Social, El director del Grupo de Opinión Pública de la Universidad de Lima, Luis Benavente, estimó que para el electorado capitalino puede resultar sugerente el enfrentamiento y contraste entre ambas postulantes, que representan dos estilos y tendencias ideológicas claramente diferenciadas. “Que Susana Villarán se convierta en la principal retadora de Lourdes Flores abre la posibilidad de que la campaña se polarice otra vez. En todo caso, sería muy interesante ver a ambas mujeres en la disputa por la comuna limeña”, subrayó.
En las ultimas encuestas, Lourdes Flores, mantiene un 35 por ciento mientras Susana Villarán, escala a 22 por ciento,
En el Gas Alan sigue mintiendo
El líder nacionalista Ollanta Humala y el ex presidente Alejandro Toledo acusaron al gobierno de Alan García de haberle mentido al país, al asegurar que el gas del Lote 88 se destinará al consumo interno, pues ha expedido el Decreto Supremo 053-2010 que no garantiza tal cosa. Ollanta Humala pidió también que el lote 56 se destine para consumo interno. Toledo afirmo: “Lo que pido es que cumpla con la ley. Para nosotros, el esfuerzo que hemos hecho para construir Camisea es que el gas tenga prioridad para el consumo interno. Primero son los peruanos (en el consumo del gas) y lo que resta puede destinarse para exportación”.
No quieren cumplir con la Comisión de la Verdad
Ex integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) coincidieron ayer en indicar que existe poca voluntad política del gobierno para hacer cumplir las recomendaciones del informe final que entregó ese grupo de trabajo hace 7 años. El sacerdote Gastón Garatea dijo que “el actual gobierno no quiere recordar y cumplir las recomendaciones, y en general todos los ex presidentes y los que vendrán no lo harán porque todos tienen rabo de paja”. “La recomendación de hacer justicia ha tenido pocos logros. Sólo la condena a Alberto Fujimori aparece como un logro visible. En los últimos 7 años muchas fosas han sido abiertas, pero el Estado no apoya tampoco en la identificación de los restos”, señaló Rosa Villarán.
Umasi: el cementerio de niños
Especialistas forenses han iniciado la ardua y triste labor de identificación de los restos encontrados en fosas comunes en la comunidad ayacuchana de Umasi, principalmente los de 25 escolares que fueron ultimados por militares en octubre de 1983, hace casi 27 años. Los sacaron de sus casas con el uniforme escolar puesto. “Ahora son voluntarios para el adoctrinamiento militar y sus vidas le pertenecen a Sendero Luminoso”, les dijeron y los llevaron caminando desde la localidad ayacuchana de Raccaya hasta la comunidad vecina de Umasi. En total, fueron 25 los niños que en octubre de 1983, hace casi 27 años, salieron de Raccaya y no volvieron nunca. Terminaron todos en una fosa común. Esta semana especialistas del Equipo Peruano de Antropología Forense (Epaf) comenzaron las labores de reconocimiento de los restos de esos niños y de otras personas que en Umasi fueron ultimados a balazos por militares de la Base Contrasubversiva de Canaria, al mando del general EP Jorge Carcovich Cortelezzi.
lunes, 9 de agosto de 2010
La firma del fideicomiso para la Iniciativa Yasuní-ITT
Alberto Acosta
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador
Un día después de la conmemoración del segundo bicentenario del asesinato de los patriotas por parte de las tropas españolas en la ciudad de Quito, el día 2 de agosto del 2010, en el marco de la Iniciativa Yasuní-ITT, se firmó el largamente esperado fideicomiso entre el gobierno nacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con esta firma, por fin, se podrá empezar a concretar los ofrecimientos realizados por varios países para financiar el fondo de dicha Iniciativa.
Es una lástima que se haya tardado tanto tiempo. Sin embargo, no es momento de lamentaciones sino de celebraciones. Las diferencias entre lo propuesto en diciembre del 2009 y en julio del 2010 no son mayores. Habría desaparecido sintomáticamente la presencia de un delegado indígena en el directorio. Pero sustancialmente se trata de lo mismo: un fideicomiso con el PNUD como garante internacional de que los aportes exteriores se dedicarán a los fines estipulados por el Estado, con una garantía también de que el petróleo del ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) se quedará bajo tierra.
Como punto de partida recordemos que los análisis realizados para estimar el rendimiento de esta propuesta en relación con la extracción del crudo llegaron a resultados alentadores. Dejar el crudo en tierra, recibiendo desde el exterior al menos la mitad del ingreso que se dejaría de recibir por exportar el crudo, resulta más provechoso que extraerlo. A esta conclusión se llega incluso sin considerar los enormes pasivos ambientales y sociales que se derivan de la explotación del petróleo. Para llegar a este resultado tampoco se incorporaron las grandes y múltiples ventajas colaterales de las que se beneficiaría el Ecuador al impulsar esta propuesta de vanguardia. En suma, con esta Iniciativa se configuraría un escenario en el que (casi) todos podrían salir beneficiados, Ecuador y el resto de la comunidad internacional, salvo, por cierto, las empresas petroleras, sus intermediarios y tinterillos empeñados en extraer el crudo del ITT.
Las penurias quedan atrás. Hoy cabe un reconocimiento a la ministra María Fernanda Espinosa por su labor desde enero de este año y también a las comisiones que llevaron adelante el trabajo con el PNUD. Mención especial merece el ex canciller Fander Falconí, defensor de esta Iniciativa desde hace muchos años. También hay que destacar el esfuerzo y la perseverancia de quienes desde finales de la década de los años noventa vieron a lo lejos la posibilidad de un Ecuador post-petrolero; la lista sería larga, pero resalto a una de las personas decisivas en este empeño: Esperanza Martínez. Por igual habría que hacer extensivo esta felicitación a muchas personas en el exterior, quienes, como Joan Martínez Alier o Joseph Vogel, en el ámbito académico, o la diputada alemana Ute Koczy, en el ámbito político, han contribuido a la cristalización de esta Iniciativa. Y no se puede negar que se ha llegado al punto actual gracias a la voluntad y al apoyo del presidente Rafael Correa, quien lamentablemente no estuvo presente en el acto de firma del fideicomiso de esta Iniciativa...
Desde que se planteó oficialmente esta Iniciativa en los primeros días del año 2007 hasta agosto del 2010 se ha vivido un proceso complejo.[1] Ha sido difícil aceptar esta Iniciativa, considerada incluso como “una utopía a tiempo completo”, por Gustavo Duch, en el diario Galicia Hoxe, el 5 de noviembre del año 2009.
Ahora, aún cuando recién estaría por empezar una nueva y compleja etapa, en la que habrá que asegurar las contribuciones internacionales para su financiamiento, esta Iniciativa ya demuestra resultados satisfactorios. El tema se ha posicionado en el debate nacional e inclusive a nivel internacional en sus múltiples aristas. En muchas regiones del país se consolidan posiciones favorables a la Iniciativa. Y a nivel internacional la Iniciativa es presentada como una primera alternativa concreta para enfrentar el calentamiento global.
No es posible continuar extrayendo combustibles fósiles en el mundo a la velocidad actual. Esto por dos razones: porque nos acercamos a nivel mundial al pico de Hubbert en la extracción de petróleo (es decir cada vez habrá menos reservas petroleras disponibles) y no estamos muy lejos del pico de extracción del gas. Y, segunda razón, por el cambio climático. Si hay que dejar petróleo y carbón en tierra, ¿dónde debe ser esto? En lugares de particular fragilidad ambiental y social, como el Yasuní-ITT, algunos otros lugares en Ecuador, pero también el Delta del Níger y otros territorios de la Amazonía, como el Madidi en Bolivia o el Parque Nacional Laguna del Tigre en Guatemala; en donde se ha propuesto o incluso ya se está discutiendo esta posibilidad.
El gobierno ecuatoriano se ha tomado mucho, quizás demasiado tiempo en concretar el fideicomiso. Las cambiantes posiciones del presidente de la República han estado a punto de hacer fracasar la Iniciativa. Sin insistir más en lo sucedido, pero manteniendo la vigilancia del caso, por la experiencia acumulada, al tiempo de redoblar el optimismo como parte de un ejercicio de voluntad política, es el momento de mantener el apoyo decidido a la Iniciativa Yasuní-ITT en esta nueva fase, en la que no faltarán amenazas y tropiezos. Es hora de ayudar, o mejor dicho de continuar ayudando, a que lleguen contribuciones del exterior, recordando siempre que el pueblo ecuatoriano es el mayor aportante.
El fideicomiso, es decir, el fondo de capital levantado para no explotar el ITT y que estaría manejado por Naciones Unidas, es indispensable en este proyecto. Sin embargo no es suficiente. Si no hay claridad y determinación por parte del gobierno, la firma del fideicomiso puede ser apenas un gesto simbólico. Por otro lado, el éxito de esta Iniciativa no puede servir de pretexto para que el gobierno asuma como que ya ha cumplido su compromiso con la Naturaleza y continúe expandiendo de manera irresponsable la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonía o abra la puerta a la minería metálica a gran escala a cielo abierto.
Tener presente las amenazas conocidas
Al presidente de la República, luego de la firma del fideicomiso, le corresponde dar nuevas y reforzadas muestras de respaldo a la Iniciativa. A él te toca hacer realidad lo que ha reiteradamente solemnemente en varias oportunidades, aquello de que dejar el crudo en el subsuelo en el ITT es “el proyecto emblemático” de la “revolución ciudadana”. Convendría que su gobierno, entonces, se comprometa formalmente a no explotar el ITT durante el tiempo que dure su gestión; eso daría un plazo estable a las gestiones que se avecinan. Eso implica de plano archivar definitivamente aquellas propuestas para retirar una letra al ITT, como podría ser la explotación del campo Tiputini. Esto significa no tolerar actividades petroleras en los márgenes del ITT. Por lo tanto es obligación del gobierno controlar los impactos que provocan las carreteras abiertas para los proyectos petroleros cercanos. Esto incluye el respeto irrestricto a los pueblos en aislamiento voluntario, en cualquier lugar de la Amazonía, empezando por el bloque Armadillo, tal como dispone la Constitución de Montecristi en el artículo 57.
El gobierno debería frenar también las otras amenazas que se ciernen sobre el Yasuní, como son la deforestación o extracción ilegal de madera, la colonización sin control, el turismo ilegal y el eje multimodal Manta-Manaos en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
En este punto convendría reconocer la conveniencia de incorporar el bloque 31 al ITT, pues en dicho bloque hay poco petróleo de baja calidad, cuya rentabilidad se aseguraría explotando el ITT. Un punto a destacar, el tipo de crudo existente en esa zona, viene mezclado en una elevada proporción con agua de formación, en extremo contaminante, en una relación que puede estar en un barril de petróleo por cuatro de agua.
Igualmente, sería importante adelantar los diálogos para analizar la posibilidad de que en el Perú se dé un tratamiento similar al bloque 67, directamente vecino del ITT, con apenas una tercera parte de las reservas existentes en el campo hidrocarburífero del lado ecuatoriano.[2] Con esta ampliación no se está previniendo la explotación horizontal del petróleo del bloque ITT desde el lado peruano, como han afirmado ciertas personas, pues esto técnicamente es imposible en la actualidad.
Con esta potencial ampliación del ITT por el Este con el bloque 67 peruano y por el Oeste con el bloque 31, se aseguraría una zona mucho más grande de similares características de megabiodiversidad, en la que se ha registrado la presencia de pueblos no contactados. Todos estos bloques sumados a la zona intangible en el sur del Parque Yasuní, formarían una importante reserva de vida.
Identificar las nuevas amenazas
En este momento de definiciones, en cuanto al financiamiento de la Iniciativa se refiere, hay que estar atento a otras amenazas en ciernes. El debate en este punto apenas se ha iniciado. Aquí, habría que señalar, por ejemplo, que se necesita una discusión acerca de la aceptación de financiamiento vinculado al mercado de carbono o al canje de deuda externa. Luego, cuando el fondo esté constituido, otra actividad prioritaria será el control permanente sobre el uso de los recursos financieros que se generen, pues el manejo de esos recursos puede ser otro punto de conflicto.
El modelo de mercado de carbono, es decir de comercializar las emisiones imponiendo condiciones a los países beneficiarios, ya ha sido calificado como una nueva forma de colonialismo. Si los países industrializados, por las emisiones de gases de efecto invernadero, contaminaron la atmósfera del planeta, ahora en lugar de comprometerse a disminuirlas y resolver ellos el problema, a través de propuestas de mercado, plantean mecanismos especuladores y no eficientes. Estas opciones se caracterizan por altísimas ganancias, que no reducen las emisiones, si no que entregan derechos de contaminación a cambio de una compensación. El mercado de carbono, en realidad, es una forma de privatizar el aire.
Como una nueva propuesta surge REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. REED plantea la creación de sumideros de carbono y podría acabar siendo también un permiso para contaminar. REED supone una falsa solución al cambio climático y entraña una serie de riesgos que es importante tomarlos en consideración.
A continuación se destacan algunas de sus mayores amenazas:
- Este mecanismo permite suplantar la selva original, es decir el bosque, por simples plantaciones forestales.
- Premia una menor tasa de tala, lo que llevará a manejos especulativos con alzas y caídas en la deforestación, en lugar de impedirla.
- Convierte al bosque en un mero proveedor de servicios ecológicos como sumidero de carbono. Transforma la selva, sus árboles y aire en mercancía.
- Enajena la gestión y manejo de los territorios, ya que los fines económicos prevalecen sobre la administración local, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ellos, los dueños de los territorios, podrían convertirse en el mejor de los casos en simples guardabosques.
- En síntesis, al priorizar lo económico mercantilizando los servicios ambientales o permitiendo la extracción petrolera o minera, viola lo sagrado de los bosques. Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas los bosques no son un simple mercado de carbono, son espacio de vida.
Como muchos de estos componentes están contemplados en las negociaciones del mecanismo REDD, éste no debería ser utilizado en el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT. En un Estado plurinacional, como el que se tiene que construir en el Ecuador por mandato constitucional, no se puede admitir la enajenación de derechos sobre territorios indígenas. En un país que constitucionalmente reconoce los Derechos de la Naturaleza, no se puede admitir mercantilizar sus funciones. En suma, en un Estado soberano no se puede delegar las funciones de conservación a terceros.
Desde el punto de vista de las comunidades y de nuestros países, colocar sus expectativas en proyectos de conservación atados a compromisos de los países ricos conduce en la práctica a postergar la lucha por sus derechos. Entre los muchos derechos que hay que exigir a los países ricos están asumir directamente el grueso de la remediación ambiental al tiempo que esos países cambian de estilos de producción y consumo depredadores, asumiendo, en definitiva, el pago de su deuda ecológica; este es el punto clave donde se sustenta la corresponsabilidad diferenciada en una nueva institucionalidad ecológica global.
Además, este mecanismo nos pondría en una situación de competir con México, Brasil, Congo y otros países que son grandes deforestadores. Para estos países REDD representa una nueva cartera de proyectos tanto forestales como de conservación con los que buscan simplemente beneficios financieros. Su aplicación anticipa más distanciamientos entre países que deberían caminar juntos en la construcción de una justicia climática global.
En definitiva, ni la iniciativa Yasuní ITT corresponde a REDD ni debe vincularse las aportaciones recibidas al fideicomiso a proyectos relacionados con REDD o al mercado de carbono, pues terminaría en manos de ONGs de conservación o empresarios de distinta índole. Por lo tanto será más sensato invertir preferentemente los recursos que se obtengan en la transformación de la matriz energética desarrollando el potencial de fuentes alternas y renovables de energía disponibles en el país; en conservación de las áreas protegidas; en un masivo proceso de reforestación pero no con monocultivos de especies exóticas; en el desarrollo social sustentable, particularmente en la misma Amazonía con especial participación de las poblaciones de la zona; y, en inversiones en ciencia y tecnología.
La definición de las cinco prioridades enunciadas en el párrafo anterior se alcanzó sin presiones de potenciales contribuyentes. En ejercicio de su soberanía, Ecuador se propone a transitar hacia una economía post-petrolera.
Igualmente habrá que estar atentos para que el financiamiento de este fondo no se haga con canje de deuda. No se puede financiar un proyecto de vida con recursos provenientes de deudas corruptas, como son muchas de las deudas bilaterales contratadas con el Estado español, por ejemplo. En principio, las aportaciones deben ser de fondos nuevos.
Recuperemos la Iniciativa para la sociedad civil
La sociedad civil estuvo en el origen de la Iniciativa. Ahora aparece como un poco arrinconada. No obstante, el momento es de alegría y de empuje. El verbo “yasunizar” se conjuga ya en otros lugares del mundo.
Celebremos la firma del fideicomiso, cuyo contenido deberá ser totalmente divulgado para saber a qué atenernos. Contribuyamos en la medida de nuestros contactos y saberes a fortalecer esta Iniciativa.
No nos olvidemos que las empresas petroleras, empeñadas en hacer negocios con el crudo del ITT, argumentando incluso el interés nacional y el beneficio para las grandes mayorías, no dejarán de actuar para que fracase la Iniciativa Yasuní-ITT. La actitud vacilante del presidente de la República a lo largo de más de tres años y su feria de epítetos en enero de este año, llevan a veces a pensar que existe el riesgo de que se podría facilitar el fracaso del proyecto bajo la excusa de que la comisión encargada finalmente no consigue cristalizar a tiempo los aportes ofrecidos y los nuevos aportes necesarios. El gobierno, entonces, podría endilgar el fracaso a los países desarrollados que ofrecieron aportar, al mismo PNUD e incluso a los ecologistas, por no haber conseguido el financiamiento necesario...
Por lo tanto, tengamos siempre presente que esta Iniciativa debe afincarse en la sociedad civil. Allí surgió desde la resistencia de las comunidades amazónicas que sufrían los embates de las petroleras en la Amazonía, particularmente de la Texaco. Desde allí, poco más tarde se planteó un juicio en contra de dicha empresa por parte de los afectados por su irresponsable accionar en la Amazonía. Más adelante, ese sostenido esfuerzo de resistencia desembocó en la propuesta de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana.
Deben ser por lo tanto, las propias comunidades de la zona del Yasuní, en primera línea, así como las del resto de la región amazónica y la sociedad ecuatoriana en su conjunto los actores fundamentales para presionar por la ejecución de esta Iniciativa. Igualmente ellos deben ser los encargados del control de dicha ejecución, sobre todo del uso que se den a los recursos financieros obtenidos.
En este momento se debería incluso debatir sobre la conveniencia o no de ampliar la actividad petrolera (y minera) en el sur de la Amazonía. Como sociedad podríamos asumir el reto de no hacerlo, buscando los recursos para financiar la economía a través del desmontaje sistemático y creativo de los costosos e inequitativos subsidios a los combustibles derivados del petróleo, muchos de los cuales deben ser inclusive importados a costos muy elevados.
A estas alturas, cuando se ha transitado por un complejo y enriquecedor camino, cuando tenemos una nueva Constitución que prioriza el respeto a los Derechos Humanos individuales y colectivos, y que revolucionariamente incorpora los Derechos de la Naturaleza, la Iniciativa Yasuní-ITT ya no es una elección atada exclusivamente a su financiamiento. Sacarla adelante es una obligación de los gobernantes y respaldarla un deber de todos los habitantes del país y también del mundo.
Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador
Un día después de la conmemoración del segundo bicentenario del asesinato de los patriotas por parte de las tropas españolas en la ciudad de Quito, el día 2 de agosto del 2010, en el marco de la Iniciativa Yasuní-ITT, se firmó el largamente esperado fideicomiso entre el gobierno nacional y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Con esta firma, por fin, se podrá empezar a concretar los ofrecimientos realizados por varios países para financiar el fondo de dicha Iniciativa.
Es una lástima que se haya tardado tanto tiempo. Sin embargo, no es momento de lamentaciones sino de celebraciones. Las diferencias entre lo propuesto en diciembre del 2009 y en julio del 2010 no son mayores. Habría desaparecido sintomáticamente la presencia de un delegado indígena en el directorio. Pero sustancialmente se trata de lo mismo: un fideicomiso con el PNUD como garante internacional de que los aportes exteriores se dedicarán a los fines estipulados por el Estado, con una garantía también de que el petróleo del ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini) se quedará bajo tierra.
Como punto de partida recordemos que los análisis realizados para estimar el rendimiento de esta propuesta en relación con la extracción del crudo llegaron a resultados alentadores. Dejar el crudo en tierra, recibiendo desde el exterior al menos la mitad del ingreso que se dejaría de recibir por exportar el crudo, resulta más provechoso que extraerlo. A esta conclusión se llega incluso sin considerar los enormes pasivos ambientales y sociales que se derivan de la explotación del petróleo. Para llegar a este resultado tampoco se incorporaron las grandes y múltiples ventajas colaterales de las que se beneficiaría el Ecuador al impulsar esta propuesta de vanguardia. En suma, con esta Iniciativa se configuraría un escenario en el que (casi) todos podrían salir beneficiados, Ecuador y el resto de la comunidad internacional, salvo, por cierto, las empresas petroleras, sus intermediarios y tinterillos empeñados en extraer el crudo del ITT.
Las penurias quedan atrás. Hoy cabe un reconocimiento a la ministra María Fernanda Espinosa por su labor desde enero de este año y también a las comisiones que llevaron adelante el trabajo con el PNUD. Mención especial merece el ex canciller Fander Falconí, defensor de esta Iniciativa desde hace muchos años. También hay que destacar el esfuerzo y la perseverancia de quienes desde finales de la década de los años noventa vieron a lo lejos la posibilidad de un Ecuador post-petrolero; la lista sería larga, pero resalto a una de las personas decisivas en este empeño: Esperanza Martínez. Por igual habría que hacer extensivo esta felicitación a muchas personas en el exterior, quienes, como Joan Martínez Alier o Joseph Vogel, en el ámbito académico, o la diputada alemana Ute Koczy, en el ámbito político, han contribuido a la cristalización de esta Iniciativa. Y no se puede negar que se ha llegado al punto actual gracias a la voluntad y al apoyo del presidente Rafael Correa, quien lamentablemente no estuvo presente en el acto de firma del fideicomiso de esta Iniciativa...
Desde que se planteó oficialmente esta Iniciativa en los primeros días del año 2007 hasta agosto del 2010 se ha vivido un proceso complejo.[1] Ha sido difícil aceptar esta Iniciativa, considerada incluso como “una utopía a tiempo completo”, por Gustavo Duch, en el diario Galicia Hoxe, el 5 de noviembre del año 2009.
Ahora, aún cuando recién estaría por empezar una nueva y compleja etapa, en la que habrá que asegurar las contribuciones internacionales para su financiamiento, esta Iniciativa ya demuestra resultados satisfactorios. El tema se ha posicionado en el debate nacional e inclusive a nivel internacional en sus múltiples aristas. En muchas regiones del país se consolidan posiciones favorables a la Iniciativa. Y a nivel internacional la Iniciativa es presentada como una primera alternativa concreta para enfrentar el calentamiento global.
No es posible continuar extrayendo combustibles fósiles en el mundo a la velocidad actual. Esto por dos razones: porque nos acercamos a nivel mundial al pico de Hubbert en la extracción de petróleo (es decir cada vez habrá menos reservas petroleras disponibles) y no estamos muy lejos del pico de extracción del gas. Y, segunda razón, por el cambio climático. Si hay que dejar petróleo y carbón en tierra, ¿dónde debe ser esto? En lugares de particular fragilidad ambiental y social, como el Yasuní-ITT, algunos otros lugares en Ecuador, pero también el Delta del Níger y otros territorios de la Amazonía, como el Madidi en Bolivia o el Parque Nacional Laguna del Tigre en Guatemala; en donde se ha propuesto o incluso ya se está discutiendo esta posibilidad.
El gobierno ecuatoriano se ha tomado mucho, quizás demasiado tiempo en concretar el fideicomiso. Las cambiantes posiciones del presidente de la República han estado a punto de hacer fracasar la Iniciativa. Sin insistir más en lo sucedido, pero manteniendo la vigilancia del caso, por la experiencia acumulada, al tiempo de redoblar el optimismo como parte de un ejercicio de voluntad política, es el momento de mantener el apoyo decidido a la Iniciativa Yasuní-ITT en esta nueva fase, en la que no faltarán amenazas y tropiezos. Es hora de ayudar, o mejor dicho de continuar ayudando, a que lleguen contribuciones del exterior, recordando siempre que el pueblo ecuatoriano es el mayor aportante.
El fideicomiso, es decir, el fondo de capital levantado para no explotar el ITT y que estaría manejado por Naciones Unidas, es indispensable en este proyecto. Sin embargo no es suficiente. Si no hay claridad y determinación por parte del gobierno, la firma del fideicomiso puede ser apenas un gesto simbólico. Por otro lado, el éxito de esta Iniciativa no puede servir de pretexto para que el gobierno asuma como que ya ha cumplido su compromiso con la Naturaleza y continúe expandiendo de manera irresponsable la frontera petrolera en el centro sur de la Amazonía o abra la puerta a la minería metálica a gran escala a cielo abierto.
Tener presente las amenazas conocidas
Al presidente de la República, luego de la firma del fideicomiso, le corresponde dar nuevas y reforzadas muestras de respaldo a la Iniciativa. A él te toca hacer realidad lo que ha reiteradamente solemnemente en varias oportunidades, aquello de que dejar el crudo en el subsuelo en el ITT es “el proyecto emblemático” de la “revolución ciudadana”. Convendría que su gobierno, entonces, se comprometa formalmente a no explotar el ITT durante el tiempo que dure su gestión; eso daría un plazo estable a las gestiones que se avecinan. Eso implica de plano archivar definitivamente aquellas propuestas para retirar una letra al ITT, como podría ser la explotación del campo Tiputini. Esto significa no tolerar actividades petroleras en los márgenes del ITT. Por lo tanto es obligación del gobierno controlar los impactos que provocan las carreteras abiertas para los proyectos petroleros cercanos. Esto incluye el respeto irrestricto a los pueblos en aislamiento voluntario, en cualquier lugar de la Amazonía, empezando por el bloque Armadillo, tal como dispone la Constitución de Montecristi en el artículo 57.
El gobierno debería frenar también las otras amenazas que se ciernen sobre el Yasuní, como son la deforestación o extracción ilegal de madera, la colonización sin control, el turismo ilegal y el eje multimodal Manta-Manaos en el marco de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA).
En este punto convendría reconocer la conveniencia de incorporar el bloque 31 al ITT, pues en dicho bloque hay poco petróleo de baja calidad, cuya rentabilidad se aseguraría explotando el ITT. Un punto a destacar, el tipo de crudo existente en esa zona, viene mezclado en una elevada proporción con agua de formación, en extremo contaminante, en una relación que puede estar en un barril de petróleo por cuatro de agua.
Igualmente, sería importante adelantar los diálogos para analizar la posibilidad de que en el Perú se dé un tratamiento similar al bloque 67, directamente vecino del ITT, con apenas una tercera parte de las reservas existentes en el campo hidrocarburífero del lado ecuatoriano.[2] Con esta ampliación no se está previniendo la explotación horizontal del petróleo del bloque ITT desde el lado peruano, como han afirmado ciertas personas, pues esto técnicamente es imposible en la actualidad.
Con esta potencial ampliación del ITT por el Este con el bloque 67 peruano y por el Oeste con el bloque 31, se aseguraría una zona mucho más grande de similares características de megabiodiversidad, en la que se ha registrado la presencia de pueblos no contactados. Todos estos bloques sumados a la zona intangible en el sur del Parque Yasuní, formarían una importante reserva de vida.
Identificar las nuevas amenazas
En este momento de definiciones, en cuanto al financiamiento de la Iniciativa se refiere, hay que estar atento a otras amenazas en ciernes. El debate en este punto apenas se ha iniciado. Aquí, habría que señalar, por ejemplo, que se necesita una discusión acerca de la aceptación de financiamiento vinculado al mercado de carbono o al canje de deuda externa. Luego, cuando el fondo esté constituido, otra actividad prioritaria será el control permanente sobre el uso de los recursos financieros que se generen, pues el manejo de esos recursos puede ser otro punto de conflicto.
El modelo de mercado de carbono, es decir de comercializar las emisiones imponiendo condiciones a los países beneficiarios, ya ha sido calificado como una nueva forma de colonialismo. Si los países industrializados, por las emisiones de gases de efecto invernadero, contaminaron la atmósfera del planeta, ahora en lugar de comprometerse a disminuirlas y resolver ellos el problema, a través de propuestas de mercado, plantean mecanismos especuladores y no eficientes. Estas opciones se caracterizan por altísimas ganancias, que no reducen las emisiones, si no que entregan derechos de contaminación a cambio de una compensación. El mercado de carbono, en realidad, es una forma de privatizar el aire.
Como una nueva propuesta surge REDD: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal. REED plantea la creación de sumideros de carbono y podría acabar siendo también un permiso para contaminar. REED supone una falsa solución al cambio climático y entraña una serie de riesgos que es importante tomarlos en consideración.
A continuación se destacan algunas de sus mayores amenazas:
- Este mecanismo permite suplantar la selva original, es decir el bosque, por simples plantaciones forestales.
- Premia una menor tasa de tala, lo que llevará a manejos especulativos con alzas y caídas en la deforestación, en lugar de impedirla.
- Convierte al bosque en un mero proveedor de servicios ecológicos como sumidero de carbono. Transforma la selva, sus árboles y aire en mercancía.
- Enajena la gestión y manejo de los territorios, ya que los fines económicos prevalecen sobre la administración local, especialmente en el caso de los pueblos indígenas. Ellos, los dueños de los territorios, podrían convertirse en el mejor de los casos en simples guardabosques.
- En síntesis, al priorizar lo económico mercantilizando los servicios ambientales o permitiendo la extracción petrolera o minera, viola lo sagrado de los bosques. Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas los bosques no son un simple mercado de carbono, son espacio de vida.
Como muchos de estos componentes están contemplados en las negociaciones del mecanismo REDD, éste no debería ser utilizado en el caso de la Iniciativa Yasuní-ITT. En un Estado plurinacional, como el que se tiene que construir en el Ecuador por mandato constitucional, no se puede admitir la enajenación de derechos sobre territorios indígenas. En un país que constitucionalmente reconoce los Derechos de la Naturaleza, no se puede admitir mercantilizar sus funciones. En suma, en un Estado soberano no se puede delegar las funciones de conservación a terceros.
Desde el punto de vista de las comunidades y de nuestros países, colocar sus expectativas en proyectos de conservación atados a compromisos de los países ricos conduce en la práctica a postergar la lucha por sus derechos. Entre los muchos derechos que hay que exigir a los países ricos están asumir directamente el grueso de la remediación ambiental al tiempo que esos países cambian de estilos de producción y consumo depredadores, asumiendo, en definitiva, el pago de su deuda ecológica; este es el punto clave donde se sustenta la corresponsabilidad diferenciada en una nueva institucionalidad ecológica global.
Además, este mecanismo nos pondría en una situación de competir con México, Brasil, Congo y otros países que son grandes deforestadores. Para estos países REDD representa una nueva cartera de proyectos tanto forestales como de conservación con los que buscan simplemente beneficios financieros. Su aplicación anticipa más distanciamientos entre países que deberían caminar juntos en la construcción de una justicia climática global.
En definitiva, ni la iniciativa Yasuní ITT corresponde a REDD ni debe vincularse las aportaciones recibidas al fideicomiso a proyectos relacionados con REDD o al mercado de carbono, pues terminaría en manos de ONGs de conservación o empresarios de distinta índole. Por lo tanto será más sensato invertir preferentemente los recursos que se obtengan en la transformación de la matriz energética desarrollando el potencial de fuentes alternas y renovables de energía disponibles en el país; en conservación de las áreas protegidas; en un masivo proceso de reforestación pero no con monocultivos de especies exóticas; en el desarrollo social sustentable, particularmente en la misma Amazonía con especial participación de las poblaciones de la zona; y, en inversiones en ciencia y tecnología.
La definición de las cinco prioridades enunciadas en el párrafo anterior se alcanzó sin presiones de potenciales contribuyentes. En ejercicio de su soberanía, Ecuador se propone a transitar hacia una economía post-petrolera.
Igualmente habrá que estar atentos para que el financiamiento de este fondo no se haga con canje de deuda. No se puede financiar un proyecto de vida con recursos provenientes de deudas corruptas, como son muchas de las deudas bilaterales contratadas con el Estado español, por ejemplo. En principio, las aportaciones deben ser de fondos nuevos.
Recuperemos la Iniciativa para la sociedad civil
La sociedad civil estuvo en el origen de la Iniciativa. Ahora aparece como un poco arrinconada. No obstante, el momento es de alegría y de empuje. El verbo “yasunizar” se conjuga ya en otros lugares del mundo.
Celebremos la firma del fideicomiso, cuyo contenido deberá ser totalmente divulgado para saber a qué atenernos. Contribuyamos en la medida de nuestros contactos y saberes a fortalecer esta Iniciativa.
No nos olvidemos que las empresas petroleras, empeñadas en hacer negocios con el crudo del ITT, argumentando incluso el interés nacional y el beneficio para las grandes mayorías, no dejarán de actuar para que fracase la Iniciativa Yasuní-ITT. La actitud vacilante del presidente de la República a lo largo de más de tres años y su feria de epítetos en enero de este año, llevan a veces a pensar que existe el riesgo de que se podría facilitar el fracaso del proyecto bajo la excusa de que la comisión encargada finalmente no consigue cristalizar a tiempo los aportes ofrecidos y los nuevos aportes necesarios. El gobierno, entonces, podría endilgar el fracaso a los países desarrollados que ofrecieron aportar, al mismo PNUD e incluso a los ecologistas, por no haber conseguido el financiamiento necesario...
Por lo tanto, tengamos siempre presente que esta Iniciativa debe afincarse en la sociedad civil. Allí surgió desde la resistencia de las comunidades amazónicas que sufrían los embates de las petroleras en la Amazonía, particularmente de la Texaco. Desde allí, poco más tarde se planteó un juicio en contra de dicha empresa por parte de los afectados por su irresponsable accionar en la Amazonía. Más adelante, ese sostenido esfuerzo de resistencia desembocó en la propuesta de una moratoria petrolera en el centro sur de la Amazonía ecuatoriana.
Deben ser por lo tanto, las propias comunidades de la zona del Yasuní, en primera línea, así como las del resto de la región amazónica y la sociedad ecuatoriana en su conjunto los actores fundamentales para presionar por la ejecución de esta Iniciativa. Igualmente ellos deben ser los encargados del control de dicha ejecución, sobre todo del uso que se den a los recursos financieros obtenidos.
En este momento se debería incluso debatir sobre la conveniencia o no de ampliar la actividad petrolera (y minera) en el sur de la Amazonía. Como sociedad podríamos asumir el reto de no hacerlo, buscando los recursos para financiar la economía a través del desmontaje sistemático y creativo de los costosos e inequitativos subsidios a los combustibles derivados del petróleo, muchos de los cuales deben ser inclusive importados a costos muy elevados.
A estas alturas, cuando se ha transitado por un complejo y enriquecedor camino, cuando tenemos una nueva Constitución que prioriza el respeto a los Derechos Humanos individuales y colectivos, y que revolucionariamente incorpora los Derechos de la Naturaleza, la Iniciativa Yasuní-ITT ya no es una elección atada exclusivamente a su financiamiento. Sacarla adelante es una obligación de los gobernantes y respaldarla un deber de todos los habitantes del país y también del mundo.
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